Nuestras leyes sobre contratación con el Estado necesitan ser revisadas, corregidas, replanteadas, y eso lo sabemos y lo percibimos quienes no somos expertos en materia jurídica, pero lo deducimos por los informes de control que realiza la Contraloría General de la República.
El punto es que los intentan defraudar al Estado, quedarían libres de culpa, o por lo menos, no nos hemos enterado que a alguien o que alguna empresa que ha intentado engañar al Estado para favorecerse, por ejemplo, con obras millonarias de infraestructura, haya tenido algún proceso y haya sido sancionada.
Así como también, a los responsables que permiten que “empresas” con irregularidades puedan lograr contratos millonarios, sin tener la experiencia, y sin cumplir con el requisito económico de la garantía de fiel cumplimiento. Es decir, que no cuentan con respaldo financiero. Y nos preguntamos, cómo puede seguir pasando esto, porque ya ocurrió, y probablemente seguirá dándose porque no hay mayor precedente sancionador.
Haber, un caso reciente, la Contraloría ha detectado que la representante y propietaria de la empresa que iba a remodelar el hospital regional de Loreto, por 22 millones de soles, no pudo presentar los 2 millones de soles de garantía de fiel cumplimiento, y para mayor escándalo se trata de una joven inexperta de 23 años de edad. Su contrato fue anulado por recomendación de la Contraloría.
Se conoce que la Fiscalía está investigando quiénes fueron los contactos para obtener indebidamente contratos millonarios, aunque todavía no hay resultados, según un reporte virtual del diario La República. Pero, nos preguntamos si está comprobado el intento de defraudar al Estado, es dable que personas como Lucero Coca, puedan quedar libres de toda culpa. Así como en este caso, cuántos más no han ido contra la fe pública, y si no se crea precedente sancionador, seguirán intentando cometer sus fechorías en otras regiones del país.
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Libres de culpa
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