Libertades y derechos

Mientras el ejercicio de las libertades y derechos se ven aún más mellados entre el pueblo venezolano, en nuestro país como pueblo podemos estar más tranquilos luego que fuera retirado el proyecto de ley que proponía «proteger las libertades y derechos informativos de la población», y que fuera presentado como también retirado por las congresistas de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo y Úrsula Letona.
Es «saludable» definitivamente, como lo dijo el congresista Héctor Becerril. Y es que no podría ser de otra forma, frente a un proyecto que ponía en riesgo la libertad de información. Y es que al margen de todos sus defectos y vacíos, nuestra endeble democracia puede sostener la posibilidad de expresarnos sin temor a ser reprimidos, aunque sí con la posibilidad de ser querellados si pasamos los límites legales.
Becerril también dijo como aclarando que la propuesta no pretendía callar a los medios de comunicación. «Acá dicen que queríamos amordazar a la prensa y eso nunca ha sido el sentir,  lo que se buscaba es que la población tenga acceso a una información veraz, objetiva e imparcial de las noticias».
Eso dijo el congresista y su opinión se respeta, pero pensamos que ni él mismo se la cree, muy en el fondo, porque ley de acceso a la información tenemos, y ente que debe regular los medios, también tenemos. Si ello era la intención, el camino a seguir hubiera sido revisar y mejorar los mecanismos normativos con lo que contamos para que la población tenga la posibilidad de estar mejor informada. Lo de la Veeduría Ciudadana era un buen camino, pero el proyecto mezcló todo y se mostraba inviable.
Y parece que más se descubre al referir el derecho constitucional a la información que tenemos todos los peruanos. «Cuando en la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la información ¿cómo informamos?, ¿cómo que solamente 20, 30 o 40 dueños de medios de comunicación tienen ese derecho?. Yo creo que no, por eso defendemos el derecho de toda la población. Este proyecto de ley bajo ningún punto ha buscado amordazar a la prensa», remarcó, aunque por olfato periodístico casi nadie lo creyó.
Lo que nos pareció acertado es la parte donde señalaban que los condenados por corrupción no dirijan un medio de comunicación. «Los que tienen sentencia consentida por delitos de corrupción no puedan ejercer algún dominio sobre la línea editorial ni sobre los contenidos». Bien. Y se extendía la prohibición a miembros del directorio y accionistas con sentencia firme. El caso quedó cerrado.