Fueron tres días de intenso debate entre 250 participantes del VII Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural y uno de los acuerdos más saltantes fue el pedido al Congreso de la República para que se apruebe el proyecto de ley que precisamente le dará vigor a lo que ya se vienen implementando como justicia especial, originaria, indígena y otros títulos que refieren a la justicia que se practica en los pueblos ancestrales y alejados.
Todos están de acuerdo con que esta ley debe ser tratada y aprobada en el menor tiempo posible, garantizando así una mayor coordinación y cooperación entre los sistemas de la justicia ordinaria y la justicia especial. Si bien lo que vienen realizando actualmente, hasta donde han podido avanzar es legítimo, consideran que ha llegado el momento de que sus acciones se enmarquen en una normativa legal.
Otro aspecto tratado durante el VII Congreso es que entre la lista de prioridades de los operadores oficiales de justicia, debe estar la coordinación con las autoridades de la justicia comunal (campesina e indígena), y ronderil. Esta atención invocaron se cristalice por parte del Ministerio Público, Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos; asimismo, de otros estamentos de justicia.
Cada vez más se conoce lo que viven en las comunidades indígenas amazónicas en el tema de justicia, donde cuando la justicia especial toca techo, se perpetran abusos que atentan contra la tranquilidad de los pueblos como lo ocurrido recientemente en el Lago Rimachi, jurisdicción del distrito de Pastaza, al estar amenazados los lugareños de pescar en este espejo de agua, por parte de un individuo que hasta hacía disparos.
Otro caso de un tipo que mató al patriarca de una familia indígena por acusaciones de brujería y amenazó con hacer lo mismo con sus descendientes, por lo que llegaron hasta Iquitos huyendo con sus menores hijos. En ambos casos suplicaban atención y justicia porque querían vivir en tranquilidad en sus comunidades.
Para atender estos casos, por ejemplo, se necesita toda una implementación al personal fiscal, en primera instancia, para llegar hasta los lugares donde se les requiera y donde es evidente necesitarán la asistencia de efectivos del Ministerio del Interior, llámese policías y de ameritar el caso de miembros de la Fuerza Armada. Todas estas acciones necesitan el respaldo de una normativa con su respectivo reglamento. Es solo una muestra de la urgencia de la aprobación de la Ley de Justicia Intercultural.
