Se ha hecho un lugar común en el imaginario ciudadano nacional, el que todo o la mayor parte del desarrollo del narcotráfico en el país, tiene como centro de operaciones nuestra región, específicamente en la parte operativa en las ciudades fronterizas y en el aspecto financiero en la ciudad de Iquitos.
La molestia natural de la ciudadanía honesta frente a tales engendros, es comprensible, dado que el maquillaje que cubre muchas suspicacias, a veces resulta muy leve y las miradas convergen en direcciones posiblemente equivocadas, pero la falacia ya germinó y así los verdaderos culpables del ilícito lavado de dinero, se mueven a sus anchas, amparados por el prurito de cierta gente que se las ingenia para hacer realidad las falacias.
Dado a que tal práctica apunta a institucionalizarse, resulta alentador el acto de denuncia llevado a efecto por el Presidente del Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en cuanto a la identificación de quienes desarrollan la ilícita actividad de lavado de dinero del narcotráfico, amparados en empresas industriales y comerciales, por medio de la cuales el dinero mal habido adquiere legalidad y otorga impunidad a los verdaderos cerebros del narcotráfico en la selva. Sin embargo, la citada denuncia ha resultado esclarecedora y se estima que servirá de punto de partida a acciones más severas contra el infame comercio.
Sin duda parecerá incongruente que estando en manos de la justicia información determinante e inculpadora, no se haya llevado a efecto una acción policial adecuada y un proceso ejemplarizador severo de parte de los magistrados enterados del tema; sin embargo, ningún acto severo y determinante se puede poner en marcha dado a que el sistema que impera en el país pone trabas legales a cualquier acto punitivo ya sea policial o judicial.
Si tomamos en cuenta que la misma situación de atadura de manos, ante el narcotráfico y el terrorismo, impide el accionar de la Fuerza Armada en los actos negativos que desarrolla el narcotráfico en la frontera, nos encontramos ante un sinsentido legal que favorece al delincuente y pena al cuidador del orden y la legalidad y eso, por la salud del país, no debe continuar.
Sería conveniente que así como el gobierno viene logrando éxitos económicos a favor del país, también, antes de irse, diseñe una estrategia que sirva para amparar a la Fuerza Armada cuando tenga que intervenir en actos punitivos contra el narcotráfico que según infles provenientes de la frontera, intentan crear zonas liberadas para desarrollar su ilícito negocio. La pelota está en la cancha del gobierno.
