- Ángela Navarro, representante de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad del Perú en Iquitos, cuestionó la falta de accesibilidad en calles, veredas, establecimientos comerciales y embarcaderos.
La profesora Ángela Navarro, representante diocesana de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad del Perú en el Vicariato Apostólico de Iquitos, cuestionó la falta de compromiso de las autoridades para garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad en la ciudad. Durante una entrevista, realizada en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, conmemorado cada 16 de octubre, señaló que las principales dificultades que enfrenta esta población no se limitan a las barreras arquitectónicas, sino también a la falta de decisiones y acciones concretas de las instituciones responsables de garantizar sus derechos.
Navarro sostuvo que esta fecha debe convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre los avances y las tareas pendientes en materia de inclusión. Consideró que, más allá de las actividades conmemorativas, resulta necesario evaluar qué están haciendo las autoridades nacionales, regionales y municipales para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En ese sentido, hizo un llamado a quienes asumirán nuevas responsabilidades de gobierno para que incorporen propuestas concretas sobre accesibilidad, inclusión y cumplimiento de derechos dentro de sus planes de trabajo.
Una de las principales preocupaciones expuestas por la representante de la Fraternidad Cristiana está relacionada con las dificultades que enfrentan las personas que utilizan sillas de ruedas para desplazarse por Iquitos. Navarro relató que, debido al mal estado de las veredas, frecuentemente se ve obligada a movilizarse por las pistas, compartiendo el espacio con motocicletas, motocarros y otros vehículos. Explicó que las aceras presentan desniveles, obstáculos, motocicletas estacionadas y desagües abiertos, mientras que algunas rampas se encuentran deterioradas u obstruidas, impidiendo un desplazamiento seguro.
La entrevistada advirtió que esta situación representa un riesgo permanente para su integridad física y la de otras personas con movilidad reducida. Según explicó, transitar por la calzada implica exponerse a conductores que no siempre respetan el paso de los peatones ni brindan las facilidades necesarias para cruzar las intersecciones. Asimismo, cuestionó que algunas obras de mejoramiento vial y asfaltado se ejecuten sin corregir los desniveles existentes entre las pistas y las rampas de acceso. Consideró que estas deficiencias evidencian la necesidad de incorporar criterios de accesibilidad desde la planificación de las obras públicas.
Otro aspecto cuestionado fue la falta de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en las decisiones relacionadas con infraestructura urbana. Navarro aseguró que, hasta donde conoce, las autoridades no han convocado a los representantes de este sector para consultarles sobre sus necesidades y recoger recomendaciones antes de ejecutar intervenciones en calles y espacios públicos. Señaló que, en ocasiones, se realizan modificaciones en las rampas sin considerar las condiciones necesarias para su utilización. Por ello, insistió en que los funcionarios responsables de obras e infraestructura deben escuchar directamente a quienes enfrentan estas dificultades en su vida cotidiana.
La representante también expuso las barreras que encuentra para acceder a los espacios recreativos de la ciudad, especialmente a las playas ubicadas al otro lado de los ríos. Explicó que le gustaría disfrutar de estos lugares, pero las condiciones de los embarcaderos y las dificultades para abordar las embarcaciones limitan sus posibilidades de traslado. Según relató, cuando necesita ayuda para subir o bajar de una embarcación, algunas personas le cobran montos adicionales que pueden superar el precio del propio pasaje. Esta situación, afirmó, constituye una dificultad económica y de accesibilidad que restringe la participación de las personas con discapacidad en actividades recreativas.
En el ámbito de la gestión pública, Navarro pidió que las autoridades consideren la inversión destinada a accesibilidad y atención de las personas con discapacidad como una obligación permanente y no como una actividad secundaria. Durante la entrevista, recordó la importancia de cumplir la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N.º 29973, y solicitó que las próximas administraciones regionales y municipales destinen los recursos correspondientes al mejoramiento de veredas, rampas, edificios públicos y servicios accesibles. También mencionó la necesidad de adecuar los establecimientos comerciales y sus servicios higiénicos, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas sin enfrentar obstáculos.
Finalmente, Ángela Navarro reiteró que las personas con discapacidad no buscan recibir favores, sino que se respeten sus derechos y se garantice su participación en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. Consideró que la falta de accesibilidad responde, en gran medida, a decisiones que no toman en cuenta las necesidades de esta población. En ese contexto, sostuvo que las autoridades deben asumir un compromiso efectivo para eliminar las barreras que dificultan el desplazamiento, el trabajo y la recreación. Su mensaje central fue que una ciudad verdaderamente inclusiva no se mide únicamente por sus obras o su modernización, sino por las oportunidades que ofrece a todos sus habitantes, incluidas las personas con discapacidad. (K. Rodriguez)
