– Abogado, Paolo Rivera Guerra, respecto a denuncia presentada por violencia familiar por la familia Mesía – Panduro
Iquitos tiene a la fecha un alto índice de violencia familiar, tanto en la modalidad de maltrato físico y psicológico, situación que a través de los años ha ido en aumento, convirtiéndose en un problema social con el cual debemos combatir día a día.
Como se recuerda, el pasado domingo, el programa «Nunca Más», conducida por la periodista Andrea Llosa, del canal ATV, transmitió un reportaje sobre un caso de violencia familiar – maltrato físico y psicológico que ponía en riesgo la integridad y la vida de las víctimas, Lina Mesía Panduro y Billy André Mesía Moreno, integrantes de la familia Mesía Panduro».
«Ellos llevaban más de cinco años sin poder detener al agresor John José Soplín Pinedo, quien además es trabajador de la Municipalidad de Maynas. Aparentemente las sentencias judiciales consentidas y los recursos jurídicos existentes no eran suficientes para detenerlo, por cuanto este vivía en la misma casa que sus víctimas, generando un conflicto interno por situaciones relacionadas con la herencia de la familia», refiere el abogado Lee Paolo Rivera Guerra, quien como parte del Staff del Estudio Jurídico «Rivera & Abogados», inicio las acciones legales pertinentes para poner fin a esta situación indignante y repudiable.
El letrado solicitó al Ministerio Publico la emisión de una medida de protección inmediata (retiro del agresor del domicilio), conforme a los antecedentes judiciales previos, grabaciones en audio y video, así como denuncias policiales y certificados médicos legales, documentación sustentatoria suficiente, ya que la situación lo exigía,
Pero no solo existía un peligro por la demora procesal, sino que además resultaba indispensable para evitar mayores agresiones, que conllevan a poner en riesgo la integridad y la vida de las víctimas. «Las medidas de protección son aquellas decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión. Asimismo, estas van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas, por lo que la decisión adoptada por el Ministerio Público a través de la Cuarta Fiscalía de Familia, fue la más acertada; asimismo, debo destacar que posteriormente el Segundo Juzgado de Familia, también varió la medida de protección solicitando el retiro inmediato del agresor del domicilio de las víctimas, en virtud de una sentencia anterior», señaló.
Como es sabido, el reportaje, si bien mostró inicialmente un conflicto familiar, terminó con un gran desenlace, en el cual, tanto alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez Mera, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Aldo Atarama Lonzoy, y el presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Loreto, Dr. Marco Antonio Valdez Hirene, mostraron una eminente preocupación por el problema, demostrando que se pueden tomar acciones inmediatas. (MIPR)
