– Manifiesta doctor Aldo Atarama presidente de la CSJLO
– 365 internos del penal de varones sin sentencia
Sobre este tema, mencionó, hemos presentado la voz de alarma hace algunos meses atrás haciendo notar que de los cerca de mil internos que tenemos en el Establecimiento Penal de Varones de Iquitos, un 33% se encuentra en calidad de inculpados, es decir siguen en condición de inocentes porque no tienen una sentencia. Estamos evaluando cuántos de esos internos están por el NCPP y cuántos por el viejo sistema. Nos preocupa el caso de los indígenas que se encuentran en prisión, que se supone deben ser procesados con normas internacionales como el convenio 169 de la OIT, pero sus procesos todavía no se ventilan. Estamos haciendo llegar nuestra preocupación tanto a la sala penal como a los juzgados con el objeto de dar pronta solución; es cierto que este tema tiene que ver con un problema central que es la no existencia de una política criminal en nuestro país, siempre se optan por elevar las penas, es decir los delitos por más sencillos que sean tienen sanciones drásticas, pues la mayoría de ellas pasan los cuatro años.
Esto se ha tratado en un seminario internacional, donde hemos mostrado nuestra preocupación, pues se dijo que el 85% de solicitudes de prisión preventiva del Ministerio Público se otorgan, pero tenemos que averiguar cuánto de ese 85% son sentenciados o simplemente son puestos en libertad. Estos indicadores nos permiten monitorear si es que estamos resolviendo bien o si estamos resolviendo mal.
Hay algo importante que mencionar, la gente cree que abriendo la investigación preparatoria a alguien hay que disponer su inmediata detención, y no es así, a una persona se le puede abrir investigación preliminar, pero no se le puede disponer de manera automática su detención, porque la detención resulta excepcional, siendo necesaria e indispensable para desarrollar el proceso. Debemos de cambiar la mentalidad de los ciudadanos, de los jueces y de los fiscales, porque como se ha dicho en este seminario, no se trata de pedir prisión preventiva a todos, sino lo que pone en riesgo el desarrollo del proceso.
La población penal en su mayoría está por delitos de violación sexual y tráfico ilícito de drogas.
Las altas penas que tiene el Código Procesal Penal nos hace pensar que esos delitos que son graves y que son de bastante incidencia en la región, de manera automática podrían tener prisión preventiva y no es así, porque el juez lo que tiene que evaluar es que hay los llamados graves y fundados elementos de convicción, que la pena sea mayor de cuatro años, que haya el peligro de fuga o el pedido de perturbación, es decir cuando concurren estos tres requisitos, el juez dispone el mandato de prisión preventiva, pero esta no es una sentencia y la persona sigue siendo inocente hasta que no haya una sentencia firme y estas 333 personas que están en el penal por este delito evidentemente son inocentes y tiene que darse la atención prioritaria, lo que quiere decir que tanto el Ministerio Público quienes son los que hacen las investigaciones, deberían hacerlo de una manera rápida y dentro de los plazos legales. Y cuando se vence al plazo de detención se vuelve a pedir la ampliación en la investigación y en algunos casos se ha llegado al límite de que se tiene que ponerlos en libertad, porque las investigaciones se dilatan y el juez tiene que resolver para que se concluya con la investigación.
Hay casos en que se tiene que hacer pericias y no se ha terminado con la investigación, que lamentablemente podría ser beneficiada de una manera impune frente a situaciones de esta naturaleza. Estamos conversando con el Ministerio Público para que se agilicen estos procesos y no se sigan haciendo las cosas del viejo sistema, ya no hay necesidad de tanto papeleo, porque la prueba solo se hace en el juicio oral. Todos tenemos que poner de nuestra parte con la finalidad que estos proceso se cumplan con los objetivos señalados en el NCPP.
Trabajadores judiciales disgregados en diferentes locales de la ciudad, no pueden ocupar el nuevo edificio.
Sobre este tema el doctor Aldo Atarama dijo, ese edificio se construyó hace tres años atrás, se hizo la licitación y aparentemente se concluyó. Pero, quienes hicieron la estructura y el diseño son gente de Lima que desconoce que en Iquitos llueve constantemente, por lo que se hizo un edificio sin techo que realmente así como está el edificio no sirve. Ese edificio no tiene instalaciones de la cablería para que puedan funcionar los equipos de cómputo. Pero, ya han pasado seis meses de mi gestión y siete meses que fue inaugurado este edificio, sin embargo no puede funcionar.
Sobre este tema estamos haciendo las gestiones para que pongan el techo que corresponda, se haga el cableado necesario y se haga el perímetro para que inmediatamente podamos ocuparlo. Lamentablemente el centralismo nos ahoga y tenemos que hacer las gestione en Lima para que de una vez por todas se concluya con los trabajos de este nuevo edificio y el NCPP se pueda instalar en esos ambientes.
Al estar juntos los trabajadores el sistema de justicia funciona mejor, pues la gente que está en otros lugares no cuentan con la movilidad para llevar las notificaciones, los expedientes y que son problemas por la forma de trabajar disgregados, y los locales en donde están funcionado, no son aptos para la administración de justicia, pues son habilitados por los alquileres que tenemos que cumplir. En el nuevo edificio donde va a funcionar el NCPP esperamos prontamente habilitarlo para poder traer a otros juzgados que están en la periferia y dar un mejor servicio en la administración de justicia.
Referente a los casos por corrupción de funcionarios.
Para nosotros estos casos son comunes y corrientes, por lo que le damos el trato que corresponde. La gente debe entender que nosotros no podemos actuar de un día para otro y cuando entra al sistema judicial, tiene plazos y procedimiento, pero si estos no se cumplen lamentablemente las personas que están siendo procesadas aprovechan esta situación para generar actos de impunidad. Los jueces de investigación preparatoria y los jueces que vemos el Derecho, si se tiene que absolver alguien por falta de pruebas, lamentablemente eso se hace. Los que hacen la investigación tienen que apurarse, porque más lejano se hace el tiempo, más lejano se hace el medio probatorio y se va extinguiendo, porque ha habido casos que han durado hasta quince o veinte años, pero eso no va pasar con el NCPP, y es por eso que todos los operadores jurídicos tenemos que trabajar con los plazos establecidos.
Debemos hacer un seguimiento sobre el 85% de prisiones preventivas que son otorgadas, y saber cuántos son sentenciaos y cuántos salen libres porque se les venció el plazo, esas estadísticas se tiene que implementar. Pero, no se trata de echar la culpa al Ministerio Público, ni a la defensa, todos deben cumplir el papel que les corresponde y al Poder Judicial le toca resolver conflictos de intereses, es decir si no se prueba la responsabilidad de las persona en un proceso se les tiene que absolver, eso también indica la Constitución Política del Estado, pero si hay pruebas suficientes se tiene que dar sentencia condenatoria y que tiene que estar de acuerdo al mandato legal.
En los casos de corrupción de funcionarios, la gente se pregunta porque no se le mete a la cárcel a alguien, eso no quiere decir que sea inocente, pero tengo que decir que hay casos de corrupción de funcionarios que están entrando a la segunda etapa, ahí se verá si se acusa o se sobresee la causa. En los próximos meses van a tratarse sobre esos casos de corrupción de funcionarios y es el en debate donde se establecerá la responsabilidad o la inocencia de las personas.
Concurso para trabajadores judiciales.
En los últimos veinte años la población ha crecido y por ese crecimiento los órganos jurisdicciones no se duplican y son casi los mismos que tenemos hace varios años, es por eso que la gente acude mucho al Poder Judicial al margen de las críticas que nos hagan porque necesitan que se les resuelva un conflicto, pero resulta que no tenemos la cantidad de órganos jurisdiccionales necesarios para resolverlos, como es el caso del Segundo Juzgado de Familia que tiene cerca de dos mil quinientos casos sobre temas familiares y de ellos mil ochocientos casos son sobre violencia familiar que necesitan de diligencias y audiencias que una sola jueza no puede resolver y es ahí donde vienen los retrasos y piensan que hay actos de corrupción.
Las conciliaciones extrajudiciales no están funcionaNdo.
El Ministerio de Justicia nos ha traído la información de cómo viene funcionado el NCPP, y es algo que se debe ajustar con el Ministerio Público y con los abogados de la defensa; el Ministerio de Justicia indica que se aplica un 25% en resolución de conflictos antes que se inicie los procesos. En Loreto solo se está empleando el siete por ciento, lo que quiere decir que el principio de oportunidad, los acuerdos preparatorios, no están funcionando lo que significa que seguimos teniendo una cultura de litigio. Por este tema las universidades tienen que modificar sus currículos académicas propiciando y desarrollando el trabajo de los abogados en solución de conflictos y no en el litigio por el litigio, porque ya no es buen abogado el que tiene más casos, sino es mejor abogado el que resuelve conflictos sin que lleguen al Poder Judicial. Por ejemplo, los casos de conducción es estado de ebriedad, de alimentos , omisión a la asistencia familiar y los casos por lesiones leves, entre otros podrían resolverse sin que tengan que llegar al Poder Judicial y los que tiene que hacer eso es el Ministerio Público, por lo que lamentablemente no se están haciendo y estamos llenándonos de causas que son muy sencillas de haberse resuelto en la etapa pre jurisdiccional, por lo que es importante la idea de retomar la difusión sobre la conciliación, la resolución de conflictos penales antes que se judicialicen, enfatizó. (W.Gil)
