- Diego Reátegui, Defensor del Pueblo en Loreto:
En el Perú, un promedio de 10 mujeres mueren cada mes en manos de sus parejas, situación que nos ubica como el tercer país con el índice más alto de feminicidio en Sudamérica. Según el Instituto Nacional Penitenciario, la violación sexual constituye el segundo delito más frecuente en nuestro país, con 11 194 reos en cárcel para el 2015.
Así mismo, de acuerdo a los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, en el 50% de los casos de feminicidio o tentativas, la víctima vivía con el agresor al momento de los hechos. Así mismo, el 33% de las víctimas de tentativa de feminicidio ya tenían un proceso judicial previo por hechos de violencia familiar.
Los datos señalados, son sólo algunos de los muchos que describen el contexto en el cual se impulsó y desarrolló en Iquitos como en otras localidades de nuestro país, la multitudinaria marcha «Ni una menos».
“El mensaje de esta iniciativa es una interpelación pública a todas las autoridades respecto a la lucha contra el feminicidio y la necesidad de evidenciar que una sociedad civilizada no puede tolerar que las mujeres sigan siendo violentadas, asesinadas o desaparecidas impunemente”, precisó Diego Reátegui, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto de la Defensoría del Pueblo.
“La violencia contra la mujer refleja un problema muy serio de violencia en nuestro país. Por ello la necesidad de abordarla, principalmente, en tres frentes: El primero, el de la prevención de la violencia. El segundo, el de la investigación y sanción efectivas; y el tercero, de adecuada protección a las víctimas. Ahí se abre una agenda de trabajo que es necesario abordar desde la óptica de los derechos humanos”, enfatizó.
En ese sentido, el representante de la Defensoría del Pueblo, precisó que su institución recomendó cumplir con la obligación de garantizar una atención gratuita e integral a las víctimas de violencia en el marco de la Ley No. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Del mismo modo recordó que es obligación de la Policía Nacional del Perú recibir e investigar en el plazo de 24 horas todas las denuncias que se presenten relacionadas a hechos de violencia contra la mujer, que sea realizada por cualquier persona en cualquier comisaría a nivel nacional. Así mismo el Juzgado de Familia competente, debe dictar en el plazo de 72 horas desde la interposición de la denuncia, las medidas de protección y/o cautelares que cada caso requiera para salvaguardar la vida e integridad de las víctimas. Todo ello, hace imperiosa la necesidad de contar con funcionarios y funcionarias, del sistema de justicia, capacitados y sensibilizados en género e interculturalidad.
“Urge que desde todos los espacios y distintas entidades del Estado, se rechace la violencia, se renueve compromisos institucionales y sobre todo se adopten acciones y medidas efectivas en aras de erradicar la violencia contra la mujer. La lucha y erradicación de la violencia contra la mujer, debe constituir una acción prioritaria”, finalizó el funcionario. (Gonzalo López)
