La justicia no termina en la sentencia

La lucha contra la delincuencia exige respuestas firmes, pero también inteligentes. En ese camino, las unidades de flagrancia han demostrado ser una herramienta eficaz para que la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen de manera coordinada y rápida frente a quienes son sorprendidos cometiendo un delito. Que un proceso pueda resolverse en menos de 72 horas fortalece la confianza ciudadana y envía un mensaje inequívoco: el delito debe tener una respuesta inmediata del Estado.
Sin embargo, la administración de justicia no concluye cuando un juez dicta una medida de prisión o una sentencia. Existe un eslabón indispensable que hoy muestra claros signos de agotamiento: el sistema penitenciario. De poco servirá acelerar los procesos judiciales si los establecimientos penales continúan hacinados, sin capacidad para albergar a quienes representan un verdadero peligro para la sociedad. La eficacia judicial debe ir acompañada de una política penitenciaria responsable.
En ese contexto cobran especial importancia las declaraciones del presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Reynaldo Cajamarca Porras. Su llamado no constituye una crítica al fortalecimiento de las unidades de flagrancia; por el contrario, reconoce su efectividad. Lo que advierte es una realidad que el Estado no puede seguir ignorando: mientras más eficiente sea la respuesta judicial frente al delito, mayor será la presión sobre un sistema penitenciario que hace tiempo llegó al límite de su capacidad.
Desde esta tribuna consideramos que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia tienen la obligación de actuar de manera articulada con el Instituto Nacional Penitenciario. La seguridad ciudadana no puede entenderse como una suma de esfuerzos aislados. Capturar delincuentes, procesarlos con celeridad y disponer su internamiento requiere una infraestructura penitenciaria suficiente, segura y orientada también a la rehabilitación. De lo contrario, el hacinamiento terminará convirtiéndose en un nuevo foco de inseguridad.
Loreto no es ajena a esta problemática. Los establecimientos penitenciarios de la Amazonía enfrentan limitaciones estructurales que demandan atención urgente del Gobierno Central. No se trata únicamente de construir más espacios, sino de planificar una política penitenciaria moderna, con recursos adecuados, personal capacitado y condiciones que permitan cumplir con la finalidad constitucional de la pena. La justicia pierde eficacia cuando el último eslabón de la cadena permanece abandonado.
A pocos días de celebrarse el Día del Juez, el mensaje del doctor Cajamarca también recuerda que la independencia, imparcialidad y vocación de servicio de los magistrados deben estar respaldadas por instituciones sólidas. Los jueces cumplen con resolver conforme a la Constitución y la ley; corresponde ahora al Poder Ejecutivo garantizar que esas decisiones puedan ejecutarse en condiciones dignas y seguras. Porque una verdadera política de seguridad ciudadana no termina con una sentencia judicial: empieza cuando todas las instituciones del Estado cumplen, coordinadamente, el papel que les corresponde.