“La gente pide respecto, que las inversiones no se impongan de manera abusiva”

– Declaró líder del movimiento político «Tierra y Libertad».
– Agregó que el Estado debe garantizar sus derechos y no más bien los derechos de las empresas privadas.
Marco Arana, líder del movimiento político «Tierra y Libertad» estuvo ayer en Iquitos como parte de las actividades del mencionado grupo político. Vino al lanzamiento de la precandidatura presidencial de «Tierra y Libertad en el Frente Amplio. Se reencontró con todas las bases de Iquitos.
Se aprovechó su presencia para preguntarle sobre el contexto actual de protestas desarrolladas en zonas donde se ubican empresas extractoras de recursos naturales. «Este modelo económico basado en políticas neoliberales extractivistas está colapsando. En el último informe de Defensoría del Pueblo se pudo ver que la mayor fuente de conflictividad en el Perú, es en las zonas donde están las actividades extractivas como la minería, igual en Pichanaki con la Pluspetrol y los conflictos en las 4 cuencas de Loreto donde opera esa empresa.
Por un lado el Estado en vez de actuar como garante en los derechos de la población, en algunos casos quiere ser mediador o jugar un  rol neutral. Cuando el Estado su fin y su razón de ser tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales de la población.
Lo que pasa es que los presidentes anteriores y el de hoy Humala Tasso, siempre han privilegiado los derechos de los inversionistas, anteponiéndolos a los derechos de salud, a un ambiente sano, a la planificación del territorio de los pueblos indígenas, a una Consulta Previa y bien informada. Tenemos un Estado ineficiente, privatizador, sordo y de espaldas a las necesidades de la población,  cómplice de los grandes intereses económicos del país por corrupción e indolencias.
En la capital muchos quieren descalificar los justos reclamos de la población. Quieren desacreditarlos cuando dicen que los reclamos de los Achuar, Kichwas o el de las Rondas Campesinas frente al conflicto de Conga, así como los agricultores y alpaqueros en Espinar o agricultores en Valle del Tambo; señalarlos como anti-mineros que se oponen a las inversiones. La idea es descalificarlos, deslegitimarlos», puntualizó Marco Arana.
Agregando: «Lo que piden es que se inviertan bien los recursos que provienen de la regalía de los recursos naturales. Y no como pasa en Andoas cuya población que está al lado del campo petrolero no tiene luz y las plantas de agua potable prometidas aún no funcionan. La gente pide respecto, que las inversiones no se impongan de manera abusiva y que el Estado garantice sus derechos y no que más bien garantice los derechos de privados. Hay que ser solidarios con estas poblaciones y sus luchas», concluyó.