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Iquitos

“La gente denuncia al Estado porque saca normas que afectan a miles de personas”

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  • Remarcó el Prof. José Manuyama, en la reunión desarrollada sobre el tema de la minería ilegal en el Nanay.

Fue después de la exposición del abogado del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), un organismo público técnico especializado y descentralizado; adscrito al Ministerio de Energía y Minas del Perú, con plena autonomía técnica.
Respondió en cuanto a que el abogado señaló que el Instituto actuaba bajo el principio de legalidad. “La esclavitud era legal en otras partes del mundo. La legalidad que sustenta Ingemmet, es una legalidad ciega y que no tiene en cuenta el contexto de lo real. Papelito manda. O sea, si legalmente puede sacar oro del Nanay que nos abastece de agua, pues ahí están ellos para certificar eso.
¿Y qué hay del Decreto Supremo que prohíbe las concesiones en el río Nanay, que está vigente hasta el mes de noviembre de este año? Y que fue hecho por el propio sector. Le dieron concesión a “Raíces Gadaffi”, pasó por el director y luego al ex viceministro. Felizmente esa concesión fue suspendida por una acción de amparo.
Vemos otra vez una institución del Estado que se supone está al servicio de la gente, emitiendo concesión que va contra la gente. Y la gente denuncia al propio Estado que saca cosas que afectan por el contexto, a miles de personas”, precisó Manuyama.
INGEMMET RESPONDIÓ
“Mire, por ejemplo, en un tema municipal sacan licencia de funcionamiento para una tienda de abarrotes y se la entregan. No le dan para que desarrollen actividades ilícitas. En este caso el procedimiento para otorgar la licencia de funcionamiento ¿fue ilegal? No, fue legal. Al final si hace una actividad ilegal, ya entra a ver el ministerio público, la policía.
Nosotros como Ingemmet tenemos un marco legal que regula nuestras competencias y funciones. Como ciudadanos sí nos preocupa que puedan darse situaciones como la contaminación ambiental, pero a nosotros la ley nos dice cómo actuar, cómo resolver. Así funciona en todas las autoridades administrativas. Es un procedimiento constitucional, que es el de legalidad.
Creo que la preocupación no debe estar en la solicitud de la minería formal, sino en el problema de la minería informal en sí. Se deben tomar acciones, como Ingemmet no tenemos competencia en esos aspectos, ya les corresponde a las autoridades competentes tomar las acciones del caso”, concluyó el abogado.

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