- Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal Ambiental y Desarrollo Social, IDLADS, respecto a la audiencia de ayer en Nauta
Referente a la audiencia realizada ayer en Nauta, respecto a la denuncia presentada por las organizaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACO y ACODECOSPAT sobre la omisión de titulación del Gobierno Regional de Loreto, contra MINEM omisión de consulta de la servidumbre establecidas en el año 2006, y contra el MINEM por la omisión de pago de las servidumbres petroleras, en su momento, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal Ambiental y Desarrollo Social, IDLADS, indicó «Esto (la demanda) podría aportar para prevenir posibles Tía María, Pichanaki, Conga u otro Baguazo».
Indica que el problema es complejo, decíamos: normas sectoriales a favor de la empresa petrolera, leyes que sancionan a funcionarios que titulan territorios indígenas sobre servidumbres y criminalizan la protesta, todo esto aplicado a una zona de alta conflictividad por el desastre ambiental generado, y de ausencia del Estado; estos son algunos puntos a considerar para poder responder ¿Cómo titular con justicia esas comunidades? El camino en apariencia es sencillo: basta con respetar derechos indígenas.
Pero, en realidad, no es tan simple resolver el problema. El diálogo que las federaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT sostienen con el Estado en la Comisión Multisectorial 119-2014-PCM, consiguió un fondo de más de 3 millones de soles para titular sus comunidades (Acta 10/3/2015); sin embargo, los puntos ya reseñados conforman un marco y procedimiento de titulación que cercena, fragmenta y reduce el territorio comunal.
Asimismo, indicó cual fue el problema central que ha motivado la demanda interpuesta por las federaciones al Estado, «El problema es que la autoridad regional tiene obstáculos legales que impedían titular comunidades. Por ejemplo, las Resoluciones Supremas 060 y 061, del 2006, del Ministerio de Energía y Minas, dicen: no puedo titular sobre servidumbres e infraestructura petrolera; esto a pesar de las evidencias de existencia de pueblos indígenas con anterioridad al establecimiento de esas servidumbres que son otorgadas por las citadas resoluciones, y territorios ancestrales de los que son dueños con la anterioridad a la existencia del propio Estado Peruano [la Acción de Amparo está acompañada por un peritaje antropológico realizado por la reconocida investigadora Frederika Barclay]. Las federaciones y comunidades nativas decidieron coadyuvar a un correcto proceso de titulación, iniciando una acción legal que derribe esa barrera legislativa, ese obstáculo».
Esta audiencia, después de varios años, da pie a la lucha emprendida por estas organizaciones que esperan que esto no solo quede en palabras y papeles. (MIPR)
