El programa “Justicia en Tu Comunidad” ha consolidado su labor como una iniciativa clave para acercar los servicios judiciales a las poblaciones más vulnerables y alejadas de la región Loreto. Durante una entrevista, el presidente de la Corte de Loreto, Dr. Reynaldo Elías Cajamarca Porras, declaró que este proyecto ha logrado sumar esfuerzos de diversos sectores del Estado peruano, permitiendo una atención más efectiva a las comunidades nativas y zonas fronterizas.
Uno de los principales aliados en esta labor han sido las Fuerzas Armadas, que han facilitado el acceso a localidades de difícil ingreso, como las zonas fronterizas de Ecuador, Colombia y Brasil. Gracias a los medios de transporte fluviales facilitados por la Marina de Guerra, jueces y servidores han brindado atención en procesos de filiación, pensión de alimentos, violencia familiar; además de brindar charlas de difusión de derechos y orientación, garantizando que las poblaciones indígenas puedan ejercer sus derechos sin verse limitadas por barreras geográficas o económicas.
Loreto es la región más extensa del Perú, con un territorio de más de 368,000 km², lo que equivale a casi el 30% del territorio nacional. Sin embargo, su vasto tamaño contrasta con la falta de infraestructura vial, ya que no cuenta con una red de carreteras que conecte sus principales ciudades y comunidades. El transporte fluvial y aéreo son las únicas alternativas para desplazarse, lo que encarece significativamente el acceso a servicios básicos, incluyendo el sistema de justicia. Para muchas comunidades, llegar a una sede judicial implica viajes de varios días en bote, con altos costos de pasajes y riesgos asociados a la geografía amazónica.
Ante esta realidad, el Dr. Cajamarca Porras destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y el apoyo voluntario de diversas entidades que han sido convocadas para estas jornadas de acercamiento de los servicios públicos.
Este compromiso refleja el objetivo central de Justicia en Tu Comunidad: garantizar que el acceso a la justicia no sea un privilegio, sino un derecho efectivo para cada ciudadano, especialmente aquellos que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios del Estado.
