- Juez del primer juzgado civil Luis Miguel Del Águila Campos, se muestra firme en sus decisiones judiciales.
El último 25 de setiembre en el mencionado juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto, se desarrolló la audiencia para analizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ordena diversas medidas para frenar la contaminación en dos asentamientos humanos del distrito de Punchana.
En la presente audiencia estuvo el Abog. Juan Carlos Ruiz y Maritza Quispe, ambos de IDL, un brazo legal muy importante para los pobladores de dichos asentamientos: “Iván Vásquez” y “21 de Setiembre”. Ambos asentamientos están ubicados a espaldas del camal de ese distrito y el hospital regional. Los residuos, convertidos en desagües negros y putrefactos, salen por un caño abierto lleno de gallinazos.
La zona es pestilente y deprimente el conocer que nuevas generaciones se vienen formando en un colegio primario de ese lugar. ¿Qué les pueden enseñar sobre el medio ambiente, si al abrir la puerta de su plantel, se encuentran con los desagües malolientes?
“En la audiencia estuvieron presentes los demandados y los demandantes, el alcalde de Punchana, el Procurador del gobierno regional, la Procuradora de Maynas, entre otros. El objetivo de la audiencia fue que estas entidades den cuenta de cuánto se había avanzado en referencia al mandato dado por el Tribunal Constitucional.
El gobierno regional dio a conocer algunas cosas que supuestamente había realizado. El de Punchana también, al final se determinó que hay un cumplimiento, pero ineficaz. La población que estuvo presente dijo que les llevan agua, pero no es suficiente, solo va una cisterna y no alcanza para los dos asentamientos. Igual para recoger la basura, solo envían una furgoneta y no recoge todo.
Lo importante es que el juez entendió el problema, que hay dos niveles uno a corto plazo y otro de largo plazo. Lo que hace el Tribunal Constitucional es declarar un Estado de cosas institucionales y señala que hay un problema estructural en Loreto por el tema de abastecimiento de agua.
La población espera que cierren el caño de desagües, el hecho que esté abierto perjudica a los sectores de la zona. También pide que se levante las rasantes por inundaciones.
El Juez ha dado 10 días para que cumplan con lo más prioritario que es abastecer de agua a los asentamientos. Luego sacará una resolución y convocará a una segunda audiencia de ejecución de sentencia, para ver si han cumplido o no” remarcó la abogada Maritza Quispe.
