Durante el XIV Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, la Mesa de Trabajo N.º XII, conducida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Reynaldo Elías Cajamarca Porras, abordó temas trascendentales para el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, centrados en la autonomía, reforma judicial y estatuto del juez.
También participaron por Loreto el juez Superior doctor Aldo Nervo Atarama Lonzoy, el juez Especializado Gino Tello Dantas, el juez de Paz Letrado doctor Hernán Hinojosa Pacheco y la servidora Greysi Valeria Gonzales Valdivia, quienes integran la delegación oficial de la esta Corte.
Entre las principales conclusiones, los magistrados propusieron impulsar una reforma constitucional que establezca un presupuesto mínimo equivalente al 3% del PBI, sin condicionamientos, destinado al fortalecimiento de la carrera judicial, la erradicación de la provisionalidad de los jueces, la mejora de la infraestructura y la implementación tecnológica en todo el país.
Asimismo, se destacó la necesidad de vincular la ejecución presupuestal a indicadores de desempeño, fortaleciendo la formación y especialización de jueces y trabajadores judiciales. Se propuso que la Academia de la Magistratura oriente su labor hacia la capacitación continua y la suscripción de convenios con universidades nacionales y extranjeras.
En materia de reforma judicial, los jueces coincidieron en la importancia de proteger la independencia judicial frente a la injerencia política. Propusieron la creación o reconfiguración de un ente externo autónomo con miembros altamente calificados, encargados de los procesos de nombramiento, evaluación y control de la magistratura.
Respecto a la meritocracia en la carrera judicial, los magistrados enfatizaron la necesidad de aplicar criterios de idoneidad, ética, antigüedad y especialidad en los ascensos, promoviendo un sistema mixto: abierto para el ingreso a los juzgados de paz letrados y cerrado para los ascensos a instancias superiores, reservando un 20% para acceso libre.
Finalmente, se planteó fortalecer el régimen disciplinario a fin de que sea una herramienta de protección al juez probo y eficiente, evitando que las quejas se utilicen como instrumentos de presión o persecución. Los participantes coincidieron en que debe implementarse una política preventiva y un diagnóstico integral de la carga procesal, para garantizar un control justo y transparente.
El trabajo de la mesa concluyó con el compromiso de elevar estas conclusiones a la plenaria del Congreso Nacional, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con una reforma institucional orientada a la transparencia, independencia y fortalecimiento de la justicia en el Perú.
