Sucede casi siempre en épocas pre electorales, una desatinada acción violatoria de todo principio jurídico, se desata en el ámbito de la población, alentada, propiciada y protagonizados por los ya conocidos dirigentes especialistas en invasiones y que guardan íntima relación con aspirantes a cargos públicos, quienes alientan muy subterráneamente la acción de posesión ilegal, de quienes en abierto desafío a la ley, invaden terrenos de propiedad privada, destruyendo vandálicamente los cercos protectores de la propiedad invadida, acto con el cual se colocan al margen de la ley, que increíblemente permanece impasible ante un acto tangible de usurpación, vandalismo y ataque a la fuerza policial.
Otro argumento que se esgrime y que lamentablemente es reforzado por algunos ‘papelucheros’ que fungen de abogados, reside en que señalan tener derecho de invadir porque no tienen donde vivir aunado a su condición de desocupados, o sea que nunca han aportado un solo céntimo al erario nacional; y sin embargo los miles de trabajadores que sí cotizan mensualmente al erario ¿acaso no tienen más derecho que los que nunca han cumplido con la ley?, y encima la violan en forma inmisericorde en pro de unos derechos que no sabemos quién les ha asignado.
El principio legal es para respetarlo y protegerlo además de protegernos a nosotros los que sí cumplimos con las leyes de la república y dentro de tal respeto están considerados trabajadores, empresarios y familias que mediante su trabajo han logrado adquirir una o más propiedades, siendo un grave delito que personajes que nunca trabajaron se apoderen violenta e impunemente de su propiedad.
El Código penal sanciona con pena de cárcel el delito de usurpación y ataques a la fuerza policial; sin embargo son miles de miles los terrenos usurpados y que se sepa, nunca hubo ni hay ánimo legal para proteger a las víctimas de tales despojos.
Es de esperar que quienes se mueven entre bambalinas para cometer despojos, sean puestos al descubierto por quienes precisamente son instigados a un acto que por su naturaleza es delictivo; y claro que principalmente las autoridades pertinentes, actúen con la ley en la mano, para que tales despojos dejen de ser una amenaza para la sociedad en pleno.
Yo creo que tenemos que trabajar con los ninos para sembrar en ellos la cultura del respeto mutuo. El bienestar colectivo debe enorgullecernos, asi como la desgracia y la miseria ajena tambien tiene que avergonzarnos. Si bien es cierto que la carencia de recursos economicos explica muchos desmanes por asi decirlo, tampoco podemos justificar la barabarie y el desorden que vemos dia a dia en nuestra sociedad. Las autoridades tienen que hacer su trabajo concientemente dando ejemplo de integridad y justicia.
Es claro que el problema no solo reside en la mentalidad y en la vulnerabilidad de las personas faltas de un techo en donde vivir y que son manipuladas por aspirantes a cargos públicos y por traficantes de tierras. La culpa también reincide en las capacidades del Estado, ese gran personaje que no solo no provee bienes públicos necesarios, sino que tampoco protege los derechos de propiedad. Es un personaje que claramente no está presente en la zona de la selva y que sus ciudadanos y autoridades no hacen mucho por cambiar la situación, porque la avalación de estos hechos es expresada mediante la inactividad o inamovilidad de nuestras autoridades policiales y aún mayor de autoridades tanto municipales y regionales, pueden estar en frente de sus narices y mientras sus puertas no sean tocadas simplemente nos les interesa, además de que las voces periodisticas no se remitan a un código de ética, sino de «abogados del diablo» en el que apoyan al que infringe el derecho de propiedad. Por otro lado, la falta de un castigo penal de nuestro sistema institucional no hace más que agravar la situación, la invasión está avalada en nuestra propia ley. Los dirigentes saben muy bien que después de las 48 horas, el hecho debe ser jucidializado, y mientras la policía no llegue y ellos sigan prepretando el lugar, las horas pasan, como nuestro Estado de Derecho.