Invasión territorial

A siete días de una incursión cívica en la comunidad de Alvarenga, en el Alto Nanay, para hacer un barrido de extranjeros que están contaminando en río con la minería ilegal, la representante de la Defensoría del Pueblo, Lisbeth Castro, ha exhortado que lo piensen mejor, porque la vida es lo principal. Eso ante el riesgo de perderla en un enfrentamiento en la zona.
Esta exhortación se dio luego que el presidente de la Federación de Comunidades Campesinas y Nativas de la cuenca del Nanay, Johnny Huaymacari Yuyarima, pidiera la inmediata expulsión de los extranjeros por invasión territorial y contaminación de mercurio entre los pobladores. Estas palabras las dio el jueves último en la sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC.
Ante la lenta respuesta del más alto nivel de las autoridades del país, se evidencia que tanto la federación de comunidades del Nanay, como los representantes de las entidades locales que representan al Estado peruano, están solos. Ni una palabra de respaldo desde el Ejecutivo, desde la personificación del presidente de la república, José Jerí. Partiendo desde que la invasión de un territorio, por muy pequeño que sea, ya es una afrenta a la República del Perú.
Y cómo se ha preguntado el presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Jorge Morales, ¿Qué esperamos?, acaso que ¿asesinen al dirigente para recién actuar contra la minería ilegal?, que además Huaymacari ya ha recibido amenazas de muerte. Es sorprendente como hay un silencio de las más altas esferas del gobierno. Lo que evidencia que la criminalidad está ganando espacios, donde se evidencia la complicidad de ciertos mismos peruanos.
No solamente estamos “lentos en la acción”, como dijo también Castro, hablando como Estado, sino, que se necesita empezar a trabajar el tema para determinar la gravedad del asunto en torno a cómo se viene afectando la salud de la población.
Mientras CORESEC reconoce formalmente el avance de la minería ilegal, como actividad que continúa generando profundos impactos sociales, ambientales y económicos en diversas zonas de la región. Refieren ahora que han aprobado la implementación de una estrategia urgente para hacer frente a la minería ilegal en Loreto. Quedamos atentos a las primeras acciones de esta estrategia, que todos debemos apoyar. La afectación va más allá de las cuencas, puesto que todos en la región estamos en riesgo.