Quienes alguna vez perdieron a un ser querido en una muerte violenta, saben del dolor que lacera el alma. Así han debido sentirse los deudos de los ocupantes del helicóptero caído e incendiado en la selva mientras hacía ruta entre el Alto Curaray y el Napo.
La brutalidad del trágico accidente determinó que la mayoría de los cuerpos quedaran destrozados, calcinados e irreconocibles. Solo 6 de los cadáveres fueron identificados por sus familiares, a los que les dieron cristiana sepultura y el descanso eterno.
Pero hay restos o fragmentos de los cuerpos que no se pueden identificar, por lo que Medicina Legal del Ministerio Público ha procedido a extraer muestras de sangre a los familiares más cercanos de los fallecidos para que en Medicina Legal de Lima, que cuenta con recursos tecnológicos más avanzados, se practique el examen de ADN a los restos, con lo que se identificaría sin equivocación los restos.
Sucede que ni la empresa petrolera Perenco, que a través de terceros había contratado al personal fallecido, ni la empresa Helipac, operadora de transporte aéreo, han realizado, hasta el momento, el pago correspondiente para los exámenes de ADN.
Sí, eso tiene una explicación, es lo que la abogada de los deudos, Guillermina Vela, ha manifestado que entre ambas empresas se están peloteando la obligación, y al estar dilatando el tiempo en identificar los cadáveres se está posponiendo el pago de los derechos que les corresponde a los familiares, con lo que están evadiendo las obligaciones laborales, económicas y legales.
De todo esto, debemos concluir que tanto Perenco como Helipac con estas actitudes, están demostrando una terrible insensibilidad ante el dolor de las familias y una evidente intención de evadir sus obligaciones, pisoteando así los derechos de los fallecidos y los deudos. La ley debe hacerse cargo de este caso, de inmediato.
