La inseguridad con que actualmente se vive en Iquitos, hace que una ciudad otrora tranquila y acogedora, ahora luzca como una de las más peligrosas urbes provincianas, donde el robo al escape, el asalto a mano armada así como el secuestro y el asesinato, sea algo común sin que ninguna autoridad, hasta ahora, haya aplicado medidas correctivas que acaben con dicha lacra.
La cosa increíblemente, pese a la dimensión que alcanza, al parecer no interesa a los ahora candidatos presidenciales y congresistas, que se refieren a la seguridad ciudadana como una tarea municipal- policial, obviando olímpicamente la erradicación de la delincuencia en el país en general (asesinatos por encargo, asaltos a entidades bancarias y vehículos de transporte de pasajeros, etc.) y a nuestra región en particular donde los asaltos y robos a mansalva vienen sucediéndose intermitentemente no solo por delincuentes de a pie sino aupados en motocarros sin placas debidamente acondicionados para hurtar al vuelo o para atropellar a la víctima y luego sustraerle todas sus pertenencias.
En realidad faltaría espacio para señalar todas las modalidades a que recurren en estos tiempos los amigos de lo ajeno, de allí que se precise unificar criterios en torno al tema haciendo confluir en una sola cruzada a congresistas, autoridades municipales y regionales así como a la sociedad civil organizada, para que en conjunto exijan al gobierno central la aprobación de leyes más drásticas contra el crimen organizado; y la aprobación también de mayores partidas presupuestales para incrementar efectivos policiales y tecnología de punta, en procura de una acción más drástica y determinante en la lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Por informaciones periodística, nos hemos enterado que en la capital y bajo la iniciativa de la actual alcaldesa capitalina, se ha diseñado una estrategia adecuada para mitigar el cometido de actos delictivos cotidianos bajo el influjo del consumo de licor, poniendo en marcha el llamado “plan zanahoria”, que consiste en controlar que la venta de licor no exceda el horario de las 24 horas de los días laborables.
Se sabe que la iniciativa ha comprometido a más de 30 burgomaestres de la gran Lima, que ya vienen aplicando tal medida, que esperan se vea apoyada por el gobierno con la aprobación de fondos que servirán para implementar a sus cuerpos de vigilancia y control con herramientas adecuadas para combatir la delincuencia organizada. Así lo esperamos.
