- Tras cuatro días de revocarse la prisión preventiva de los comuneros kukama detenidos en Lima por el caso “Los Crudos”, el Instituto Nacional Penitenciario – INPE no ordena su liberación amparado en motivos burocráticos
La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal ordenó la inmediata excarcelación de Jiner y Jimmy Panduro el último 15 de enero. La instancia judicial declaró fundado los recursos de apelación presentados por la defensa legal de los comuneros kukama, luego de la imposición de 24 meses de prisión preventiva por el caso “Los Crudos”, por la jueza Soledad Barrueto, en octubre del año pasado.
“La apelación se basaba en que no existían suficientes elementos de convicción que vinculen a la comisión de delito de organización criminal y eso es lo que valoro la sala”, aseguró Dorian Choque, abogado de los comuneros.
Los comuneros kukama han sido acusados por la Fiscalía, de pertenecer a una organización criminal que cometía atentados contra la infraestructura del Oleoducto Norperuano, por lo que sin ser notificados y tras un violento operativo en su comunidad, en Loreto, fueron detenidos en el mes de octubre.
Diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos se han pronunciado denunciando lo arbitrario e irregular del proceso, al no contar con pruebas sólidas y utilizar argumentos discriminatorios en las audiencias. Del mismo modo, alertaron que se trataba de un peligroso precedente para los pueblos indígenas del país que viven en contexto petrolero.
ACODECOSPAT y PUINAMUDT, organizaciones que representan a los comuneros, alertaron desde el inicio el carácter criminalizador del proceso en un contexto de reactivación petrolera en la zona.
Los comuneros han permanecido en el Centro Penitenciario Castro Castro en Lima durante casi tres meses y a pesar de la orden de su excarcelación continúan prisioneros. Una gestión que debió durar horas, se está extendiendo a cerca de una semana, sin considerar el estado de salud en la que se encuentran los comuneros.
“Si bien no es ilegal, pero sí es arbitrario lo que está haciendo el INPE, eso se puede superar con trámites internos y no con burocracia”, agregó Choque, quién también anunció que si la situación continúa igual, se presentará un Hábeas Corpus contra el INPE.
La ACODECOSPAT exige la inmediata intervención de la Defensoría del Pueblo, el MINJUSDH y el Viceministerio de Interculturalidad que hasta el momento se han mantenido al margen a pesar de existir evidencias de vulneración a derechos. (C. Ampuero)
