Inhabilitación de por vida para corruptos

Es la propuesta que el  presidente Ollanta Humala acaba de hacer ante la 69 Asamblea General de la ONU. «Se está estudiando la inhabilitación de por vida para los que cometan actos de corrupción contra el Estado» ha dicho.
Y en realidad, dicha inhabilitación desde hace décadas ha debido ser inherente a toda función que desarrolla alguna autoridad elegida por el pueblo o funcionarios públicos ubicados por las mencionadas autoridades en cargos claves de donde se proyecta y gastan los recursos económicos del Estado.
Dicha reforma minimizaría en algo el avance reincidente de la corrupción en entidades públicas. Dejando a la zaga a personajes que ingresan a laborar en el aparato estatal y que luego resultan denunciados por embarazosos conflictos de interés.
Como aquellos que incluso laboran como abogados defensores dentro de las Procuradurías Públicas del Estado, quienes deberían ser los más interesados en acabar con la corrupción; sin embargo, terminan defendiendo a altos funcionarios que cayeron en engorrosos laberintos plasmados de ilícitos penales.
La norma que ha prometido impulsar Ollanta Humala, debería concretarse cuanto antes, puesto que solo así el Estado no seguiría en indefensión frente a aquellos sujetos procesales que son sentenciados por unos años con penas suspendidas, pero que jamás son inhabilitados por lo que en el más claro de los descaros, vuelven a ocupar un cargo público y vuelven a cometer más irregularidades. Lo que históricamente viene retrasando el desarrollo sostenido de nuestro país.
Ojalá y cuanto antes se tenga la noticia confirmada que la INHABILITACIÓN DE POR VIDA para los ciudadanos que cometen delitos contra el Estado, ha sido activada en el marco del Nuevo Código Procesal Penal. Ojalá.