Uno de los elementos fundamentales para desarrollar una región productiva e industrial es poseer una buena y barata energía eléctrica. Por lo tanto, en Iquitos va a ser bien difícil, por no decir imposible que se cristalice el sueño de hacer una zona industrial, ni siquiera turística con alta competitividad.
No solo nos referimos a una industria de transformación de la producción pecuaria, avícola, agrícola, pesquera o acuícola. No, el deficiente servicio de energía eléctrica en nuestra ciudad no solo impide a los verdaderos empresarios invertir bien en este tipo de actividades, sino en otras que prestan servicio médico, ya sea particular o público y para los pequeños comerciantes de diferentes productos que almacenan sus bienes en infraestructuras nada adecuadas, muchas de ellas sin contar con un equipo de emergencia. ¿Quién corre el gran riesgo? La población pobre y sufrida, callada como si estaría pepeada o picada por la mosca del sueño del África.
El daño colateral, como en una película de ciencia ficción, se produce en los habitantes que tienen televisores, computadoras, refrigeradoras, radios, planchas, etc. que con lo caro que están las cosas pierden todo, desde sus aparatos hasta los víveres que almacenan para el consumo del hogar. Muchos de estos apagones han causado serios problemas familiares; por ejemplo, en días pasados mi compadre estuvo recontra amargo con mi comadre porque su cocona ya estaba medio podrida por falta de energía, cocona que iba a ser saboreada con un enorme shuyo fresco que mi cumpa fue a pescar en el Nanay. ¿Pero qué culpa tenía mi compadre para que esa cocona grande y rica se haya malogrado? Ninguna. Casi se separan por culpa de esa deficiencia energética.
Hasta ahora, no existe autoridad alguna ni colectivo ciudadano que haga responsable a la empresa prestadora de estos servicios de estas pérdidas a los miles de loretanos. Estoy seguro que en el código civil y penal existen normas que sancionan estos abusos contra el usuario. Pero, se necesita información técnica y legal. A eso deberían dedicarse los colectivos, no solo a la parte teórica, sino a dar apoyo a los afectados para que hagan la demanda correspondiente, por justicia. Si una sola vez se logra sentar un precedente de sanción a los abusadores entonces verán cómo se mejora este servicio, puesto que si uno gana el pleito legal y administrativo pueden ganar muchos miles más. (MIPR/ J. Soregui)
