Indecopi inició más de cien procedimientos a proveedores que habrían vulnerado derechos de los consumidores loretanos

• 28 son instituciones educativas privadas que habrían  afectado a los padres de familia y estudiantes

La Oficina Regional del Indecopi (ORI)   en Loreto inició procedimientos a  104 proveedores por presuntas infracciones al Código de Protección al Consumidor. De estos, 28 son instituciones educativas privadas que  habrían  afectado los derechos de los padres de familia y estudiantes, de esta zona del país.
En lo que respecta al servicio educativo, las infracciones más comunes  en las que estarían infringiendo los proveedores se encuentran: cobro de cuotas extraordinarias y pensiones adelantadas y cobro de la matrícula por un monto mayor a la pensión mensual de enseñanza. También figuran direccionamiento en la compra de útiles escolares y uniformes, e incumplimiento de los procedimientos para la selección de textos escolares.
Otras faltas identificadas serían: no informar  por escrito las condiciones en que se prestará el servicio educativo; no contar con el aviso ni el Libro de Reclamaciones en el colegio, no contar con el Libro de Registro de Incidencias sobre Violencia y Acoso entres Estudiantes (más conocido como  bullying), cobrar una tasa de interés moratoria por encima del máximo permitido a quienes no cumplieron con pagar las pensiones en la fecha  pactada
«La ORI Loreto comprobó, además, que en la mayoría de casos se habría utilizado fórmulas intimidatorias en contra de los niños, al no permitirles su ingreso a clases por falta de pago de las pensiones de enseñanza.
Otro hecho recurrente detectado por el Indecopi es la falta de idoneidad en los quioscos escolares, los que no brindan los servicios de alimentación de acuerdo a las normas sanitarias establecidas, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes», indicó Francisco Ruíz, jefe de Indecopi en Loreto.
Sancionados
De otro lado, la Comisión de Protección del Consumidor de la ORI Loreto informó la conclusión de otros procedimientos que terminaron en multas por un total de  79.4 UIT (unidades impositivas tributarias), en el 2015. Entre los sectores más sancionados se encuentran: servicios educativos (17.5 UIT), venta de artículos de uso doméstico (9.54 UIT) y otros servicios (7.84 UIT).
«En cuanto a servicios educativos, las sanciones fueron contra ocho  centros educativos  Las sanciones fueron impuestas por establecer en los contratos de servicio educativo cláusulas abusivas (3 UIT);  cobrar la matrícula por un monto mayor a la pensión de enseñanza (0.5 UIT),  realizar cobros  extraordinarios a los establecidos en la ley (4.5 UIT).
Además, por direccionar la compra de útiles escolares  (1.5 UIT); omisión al deber de informar por escrito sobre las condiciones del servicio educativo (4 UIT); cobrar interés moratorio por encima del límite dispuesto en la Ley, (2.5 UIT), omitir el procedimiento para la selección de textos escolares (1 UIT) y cobrar pensiones adelantadas (0.5 UIT)», expresó el funcionario.
Publicidad engañosa
En materia de publicidad comercial, se abrieron 30 procedimientos tras detectarse  que diferentes establecimientos de hospedaje   se publicitaban en categorías y clasificaciones que al parecer no les correspondía.
Por ejemplo, se anunciaban como hoteles u hostales sin tener dicha acreditación o aun siendo hoteles u hostales no tenían la categoría de dos o tres estrellas. En esa línea, la Comisión en materia de Publicidad Comercial impuso un total de 11.5 UIT a 12 establecimientos
En su labor de empoderar al consumidor sobre sus derechos, la Oficina Regional de Loreto capacitó a ciudadanos de las distintas provincias, especialmente, de aquellas más alejadas a las que se llega luego de 6 o 12 horas de viaje por el río.
«Fueron visitados los distritos de Caballo Cocha, Pevas, Requena, Santa Clotilde y Nauta. En total 1840 ciudadanos fueron capacitados acerca de los derechos que los asisten como consumidores y sobre   el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Mientras que a través del Servicio de Atención al Ciudadano se atendió a un total de 7949 ciudadanos y se recibieron 979 reclamos», concluyó Ruíz. (GL)