– Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
A pesar de los anuncios triunfalistas del Ejecutivo en relación a los procesos de consulta previa en el Lote 169 o por la reciente decisión de publicación de la guía metodológica para la primera semana de febrero, lo cierto es que el proceso de consulta previa en el Lote 192 –emblemático por ser el primero que anunció el Gobierno– sigue entrampado y está rodeado de mucha incertidumbre sobre su futuro.
«El tema de fondo tiene que ver con el modelo de crecimiento del Estado en los últimos 20 años basado en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas. ¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo y a la vez respetar derechos de los pueblos indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera que no, porque el Gobierno no ha sabido resolver esta situación. El Gobierno tiene la obligación ética, moral y política de encontrar una solución a esto: Respetar los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo, y a la vez también buscar cómo obtener recursos para la energía que necesite el país», afirma Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Mientras tanto, Ana Leyva, abogada de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), explica, «Las comunidades indígenas alrededor del Lote 192 están amparadas por la Ley de la Consulta Previa y también por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Se les tiene que consultar, de lo que se trata aquí es de un tema de derechos: Derecho a la tierra, a los recursos naturales, a la consulta misma que están en juego», explica.
Las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la selva loretana, conviven desde los años setenta con la exploración y explotación petrolífera, inicialmente bajo la compañía Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y desde el año 2000 por Pluspetrol. De este lote se extrae casi el 12% de la producción nacional de petróleo. «Se trata de un lote estratégico para el Perú porque si se deja de explotar, se paralizaría la industria en el país, se paralizaría el país en realidad», explica Vega.
«Sería muy grave que el Ejecutivo rompa el diálogo o que recurra a la extensión del contrato. Las organizaciones indígenas en estas zonas han tenido -y siguen teniendo- una capacidad de respuesta pacífica, empleando todos los recursos legales que el mismo Estado ha aprobado. Pero creo que también estas organizaciones estarían dispuestas a defender su territorio y sus derechos. Creo que se generaría una situación de ingobernabilidad, de escalamiento del conflicto a una situación muy grave que podría ser inmanejable», sostiene el investigador del CAAAP.
El contrato de concesión de Pluspetrol sobre este lote vence en 2015, por ello las comunidades demandaron al Estado el cumplimiento de cinco demandas mínimas, como la remediación de la contaminación o indemnización, entre otras, antes de la realización de la consulta previa anunciada. Sin embargo, el Estado no las ha cumplido hasta el momento y esto ha provocado el estancamiento del proceso.
«Desde el Gobierno ha habido la idea que la consulta previa era un proceso que solo se podía resolver diciéndole a los pueblos indígenas los beneficios económicos que se pueden obtener de la actividad petrolera. Mientras para el Gobierno la intervención del territorio tiene que ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios, para los pueblos indígenas constituye un espacio a partir del cual se estructura toda su vida», concluye, Vega. (MIPR)
