-Richard Acuña, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado
«Modificación de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en cuanto al Nepotismo como una causal de vacancia para Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales; Modificación de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en cuanto a la designación de funcionarios por cargo de confianza que contemple la interpelación, censura y retiro de confianza, por los Consejos Regionales, con carácter vinculante; la no Reelección Inmediata de los Presidentes Regionales y Alcaldes, plantear la muerte política de los funcionarios electos a cargo de confianza para ocupar cargos en el futuro», son las palabras, del presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Richard Acuña, lo cual es parte de los acuerdos arribados en el II Congreso de Consejeros, Ancor.
Acuña explicó que acá se firmó el acta de río Amazonas, acuerdos de interés nacional y regional para todos los Consejos Regionales del país. También por medio de votación acordaron que se cambiará el nombre de Consejeros Regionales a Parlamentarios Regionales.
Que se denomine Presidente del Parlamento Regional en vez de Consejero Regional Delegado, Solicitar la lista de cada consejero que participó en el presente Congreso y en qué comisiones o mesas de trabajo ha participado y/o aportado. Declarar vinculante la interpelación de gerentes y funcionarios. Impulsar las iniciativas sobre corrupción que están en el Congreso. Socializar la Ordenanza sobre el Consejo Anticorrupción que ya existe en la Región Puno. Rechazo a la reelección de Presidentes Regionales y Alcaldes. Implementar el Código de Ética de los Consejos Regionales.
Promover mecanismos de diálogo y participación concertada con los gobiernos locales, regionales, las empresas y la población, como estrategia para brindar información, realizar acuerdos entre las partes que sean de carácter vinculante en su cumplimiento. Utilizar los instrumentos de planificación de políticas públicas de manera concertada y articulada entre los diferentes niveles de gobierno local, regional, sectorial y nacional para definir las actividades económicas que se desarrollan en los territorios con la participación de la población. Exigir el cumplimiento de la legislación ambiental con los instrumentos de gestión EAE, EIA, para evaluar costo -beneficio de la intervención de las inversiones privadas a corto, mediano y largo plazo en la etapa de pre inversión. Exigir el cumplimiento jurídico respecto de la protección de cabeceras de cuenca, zonas protegidas, de alta biodiversidad y zonas arqueológicas, entre otros», esto es con respecto al eje temático denominado políticas regionales de prevención solución y alerta temprana de conflictos sociales. (MIPR)
