- Comunidades nativas de la provincia de Ramón Castilla, invitó a varias autoridades para ver un tema de territorio.
- Defensoría del Pueblo también recibió otras denuncias estando en esa zona.
Como debe de ser ya que no todos los días se puede contar con la presencia de un Defensor del Pueblo proactivo. Además, debido a la zona geográfica compleja de la selva, cada salida al interior de la región se torna muy complicada.
El Defensor del Pueblo, Dr. Abel Chiroque Becerra, llegó a Caballo Cocha a raíz de una invitación hecha por parte de diferentes comunidades nativas como los Tikuna, Yaguas y Boras.
Igual estuvieron presentes representantes del gobierno regional, de la gerencia de agricultura, Disafilpa, policía nacional, poder judicial, ministerio público, salud, educación y la municipalidad provincial.
“Nos convocaron a una mesa de diálogo intercultural para atender la problemática de las comunidades nativas de la provincia. Hay 200 comunidades nativas que se ubican en Ramón Castilla. Su preocupación principal es el tema de la titulación de tierras, el saneamiento físico legal de las comunidades. Como, por ejemplo; Cushillo Cocha que está muy cerca de la capital y no tiene saneamiento físico legal, ahí habitan los Tikunas.
Se hicieron los pedidos, luego la sustentación y finalmente se dieron las respuestas de las entidades. Se llegó a la conclusión qué en el tema de saneamiento físico legal de las comunidades nativas, se tenía que formar una mesa de trabajo para atender caso por caso, pedido por pedido, debido a que en algunos casos hay superposición entre las comunidades.
Acá hay dos salidas; la conciliación entre ellos o ver la vía judicial. Disafilpa es el área llamada a ver ese tema, así como la gerencia de desarrollo agrario y riego del gobierno regional. Debe asumir la secretaría técnica, se está elaborando el informe y se instalará la mesa para agendar un plan de acción de las comunidades que tienen problemas territoriales”, informó Chiroque Becerra.
Otros casos expuestos.
“Recibimos otras denuncias por obras inconclusas, por la entrega de alimentos en mal estado a personas con discapacidad. La asociación de personas con discapacidad de esa provincia lo han dado a conocer. La fiscalía de derechos humanos e interculturalidad ha tomado cartas en el asunto y ha dispuesto investigación en la comisaría de Caballo Cocha. Se hará el seguimiento correspondiente.
Otro tema álgido y de especial preocupación para la Defensoría del Pueblo y que lo advertimos desde el año 2022- 2023, son las condiciones deplorables en que se encuentra la residencia estudiantil de Caballo Cocha: “Miguel Acosta Oyarce” donde estudian 140 alumnos, 70 varones y 70 mujeres entre 11 a 17 años. Ellos llegan desde diversas comunidades indígenas a terminar sus estudios.
Los desagües están expuestos, los servicios higiénicos han colapsado, dos baños para 70 alumnos y dos para 70 alumnas. Eso ya se ha puesto en conocimiento del gobernador y del presidente de la junta de fiscales porque esto ya amerita una acción judicial. El ministerio podría demandar a las autoridades educativas, a la Ugel Caballo Cocha y la gerencia de educación por contravención a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El lunes ya empiezan las clases por lo que se está alertando qué si no se actúa la fiscalía tendrá que asumir la denuncia. Tienen dos caminos, la vía penal u omisión de actos funcionales porque este tema no lo conocen de ahora, sino desde hace tiempo.
Están siendo albergados en condiciones infrahumanas, no hay iluminación en los dormitorios, los colchones de las camas están rotos, los resortes se salen, en malas condiciones. Los baños han colapsado. Hay un portón deteriorado, no hay cerco perimétrico, la presencia de aguas residuales adentro de los ambientes. Eso no puede continuar”, afirmó Chiroque.
