Los trabajadores del Poder Judicial ayer iniciaron una huelga nacional indefinida, la que ha sido declarada ilegal por el gobierno, con el propósito de hacer cumplir el acuerdo al que llegaron en mayo con el presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas. Son diversas las razones que llevan a los trabajadores del Poder Judicial, entre las que destacan el pago del segundo tramo de la escala remunerativa, la implementación de los concursos de promoción para los auxiliares jurisdiccionales y administrativos, entre otros.
En Loreto, los trabajadores de la Corte Superior de Justicia, han asumido su responsabilidad, aunándose a la medida de fuerza que se cumple a nivel nacional. Además, cuentan con el apoyo del presidente Aldo Atarama, quien les ha expresado su solidaridad.
En estos días de lucha, sólo tendrán prioridad en atención los casos menores y reos en cárcel. Los trabajadores han pedido la comprensión de los litigantes y abogados por la suspensión de sus labores, pidiéndoles su apoyo en sus justas exigencias.
Que por esta huelga se haya detenido la marcha de la justicia no quiere decir que estamos en un estado desprotegido, más bien, los ciudadanos debemos pensar que si el gobierno, a la cabeza con el presidente y el ministro de Economía y Finanzas, han incumplido lo acordado, es por ahí que debemos comenzar nuestra condena; a nadie le gusta ser mentido o como se dice en el argot popular, a nadie le cuadra ser paseado, menos aún cuando de remuneraciones económicas se trata. Los trabajadores están en su derecho de exigir que se cumplan los acuerdos y en eso también tienen nuestro apoyo y aliento para que no desmayen en la lucha por alcanzar sus reivindicaciones.
Una huelga indefinida, como indica, no tiene fecha de término, puede durar un par de días o prolongarse por mucho tiempo, todo depende de la disposición que tenga el gobierno en el cumplimiento de sus promesas y acuerdos suscritos, lo que esperamos que sea a la brevedad posible.
