– Fiscal Anticorrupción Janine Salazar Cotrina, sustentará confirmación de prisión
– Como se sabe, Wilson Rengifo Hualinga se encuentra prófugo de la justicia.
Al parecer, «las cartas están echadas» para el alcalde de Trompeteros, quien se encuentra prófugo desde hace varios meses, solicitando al mismo tiempo que la Sala Penal de Apelaciones revoque el pedido de la fiscalía anticorrupción de prisión preventiva mientras duren las investigaciones.
La fiscal anticorrupción Janine Salazar Cotrina, estará hoy a las 10 y 30 de la mañana en la Sala de Apelaciones, para sustentar porqué los magistrados deben confirmar la orden de prisión preventiva para el mencionado alcalde.
Es preciso recordar que la apelación para el cambio de situación legal de detención por comparecencia, nació a raíz que la jueza del 4to. Juzgado de Investigación Preparatoria, Katia Ericka Jordán Carpio, declaró improcedente dicho pedido que fue presentado por el abogado del alcalde de Trompeteros. «El abogado de Rengifo Hualinga, Guillermo Noronha, apela el mandato señalando que la jueza no ha resuelto sobre el fondo, sino sobre la forma», expresó Salazar Cotrina.
El alcalde de Trompeteros, así como los ex funcionarios, Alex Chuquipiondo Guerra (ex tesorero- administrador), Raúl Ángel Reátegui Murrieta (ex jefe de personal), Blanca Perea Rojas (asesora jurídica), Pablo Santillán Rojas (abastecimiento), se habrían organizado para decidir extraer dinero de las cuentas de la Municipalidad de Trompeteros. «Como no tenían autorización del Concejo de Regidores se reunieron en la clandestinidad para buscar la forma de extraer dinero municipal, pese a que sabían perfectamente que no existía dicho acuerdo municipal para el manejo de las cuentas en el Banco de la Nación.
Luego de conformar el Comité de Cuentas Bancarias, con cartas y órdenes solicitaron autorización al MEF de montos económicos para que les sean transferidos a sus cuentas personales, cuentas naturales y jurídicas a través del código de cuenta interbancaria. Los denunciados dispusieron pagos a trabajadores y proveedores, prestándose a entregar facturas y recibos por honorarios profesionales para tratar de justificar una contraprestación, extrayéndose montos importantes del dinero municipal», resume la fiscal Salazar Cotrina.