- Mujeres que desarrollan actividades agrícolas en predios estatales pidieron garantías para su seguridad y que se investigue una presunta venta irregular de lotes.


Un grupo de mujeres horticultoras denunció haber recibido amenazas de muerte en medio de una disputa por terrenos pertenecientes al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), donde, según señalaron, cuentan únicamente con autorización para desarrollar actividades agrícolas.
Las denunciantes responsabilizaron de esta situación a Luz Isabel Mamuyama Silva, a quien identificaron como dirigente del grupo Las Amazonas. Según afirmaron, existirían diferencias por el uso que se pretende dar a los predios.
De acuerdo con la versión de las afectadas, Mamuyama estaría promoviendo presuntamente la venta de lotes para la construcción de viviendas, pese a que los terrenos pertenecerían al Estado peruano y estarían destinados a actividades vinculadas al sector agrario.
Las mujeres también aseguraron que la dirigente habría manifestado contar con una supuesta autorización presidencial para realizar estas ventas. Sin embargo, esta versión no ha sido acreditada y deberá ser corroborada por las instituciones competentes.
El conflicto se habría agravado la mañana del jueves, cuando, según las horticultoras, un hijo de la mencionada dirigente llegó hasta los terrenos donde trabajan y presuntamente las amenazó utilizando un cuchillo para exigirles que abandonaran el lugar.
Estas acusaciones corresponden a la versión de las denunciantes y deberán ser investigadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, a fin de establecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.
Ante el temor de que la situación pueda escalar, las horticultoras solicitaron la intervención inmediata del INIA para esclarecer la condición legal de los predios y precisar qué tipo de actividades se encuentran autorizadas dentro de estos terrenos.
Asimismo, pidieron a las autoridades brindar garantías para su seguridad e investigar tanto las presuntas amenazas como cualquier posible comercialización irregular de terrenos estatales, con el objetivo de evitar hechos de mayor gravedad.
(K. Rodriguez)




