- En el Día Mundial del Medio Ambiente.
- La sentencia ambiental más emblemática a nivel nacional e internacional de los últimos años fue emitida por un tribunal de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
En 2024, la Sala Civil de Loreto, como órgano superior de segunda instancia, ratificó una resolución decisiva para la conservación y el futuro de uno de los principales recursos hídricos del Perú. La misma declaró al río Marañón y sus afluentes como sujeto de derechos, y además dispuso medidas concretas para su protección, preservación y recuperación.
Hoy, 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, merece traerse nuevamente a la agenda pública, al constituir una acción tangible de la justicia que protege la naturaleza y los ecosistemas frente a daños causados por actividad humana.
Ratificación decisiva
La decisión de segunda instancia fue dictada en octubre de 2024 por el órgano superior integrado por las juezas Roxana Chabela Carrión Ramírez (presidenta), Betty Magallanes Hernández y Melina Vargas Ascue. Esta resolución confirmó y fortaleció el fallo inicial, emitido en marzo de 2024 por la jueza Coraly Armas Chapiama del Juzgado Mixto de la Provincia de Nauta, el cual concluyó la responsabilidad de la empresa petrolera y del propio Estado peruano, por los derrames de crudo que contaminaron gravemente el río Marañón y sus afluentes.
La sentencia obliga a implementar medidas concretas para la reparación ambiental y social, así como para la vigilancia continua de los ecosistemas y recursos naturales afectados. Cabe anotar que la resolución judicial responde a la demanda promovida por las organizaciones indígenas Kukama Kukamiria que habitan la cuenca del Marañón, y que han sufrido las consecuencias directas de la contaminación.
UNA DECISIÓN HISTÓRICA
En voto único, la jueza Chabela Carrión incorporó una reflexión jurídica inédita sobre la cosmovisión del pueblo Kukama-Kukamiria, señalando que para esta comunidad el río es un ser viviente, el centro de su universo, con el cual mantienen una conexión espiritual, cultural y social profunda. Un fundamento sin precedentes, basado en el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su relación tradicional con la naturaleza, en el marco de la protección efectiva y sostenible de los ecosistemas y recursos naturales. Su enfoque riguroso y con perspectiva intercultural marca un ejemplo que inspira a toda la judicatura a actuar con justicia y humanidad frente a los desafíos ambientales.
Las juezas que participaron en este proceso quedarán en la historia de la justicia peruana como pioneras en la protección del medio ambiente y en la defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, mostrando que la justicia no solo castiga, también protege el entorno natural, y garantiza un futuro sostenible para las generaciones presentes y venideras.
