*Declaró el presidente de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora, Dr. Aldo Atarama Lonzoy.
A quien se le consultó sobre el avance de la mencionada Sala en el presente año 2025, así como la realidad interna del poder judicial, sus carencias y el elevado número de internos en el penal de Iquitos.
“De manera genérica puedo decir que este año hemos comenzado a recibir procesos del Nuevo Código Procesal Penal, ya funcionamos como Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora. Lamentablemente tenemos 12 años desde que se implementó el NCPP y aún tenemos casos, ya no en la cantidad de procesos que había antes.
En Datem del Marañón ya no hay, en Caballococha no hay, en Requena hay 3 expedientes, en Nauta 7. Son procesos complejos contra la administración pública que tiene a varios procesados por varios delitos, se tienen que hacer pericias. Por eso es que se están retrasando.
Nosotros hacemos seguimiento para que se agilicen estos procesos y así poder terminarlos. Sin embargo, hay un avance respecto a que se tienen escaso número de expedientes por liquidar.
Tenemos como 200 expedientes en reserva, se sigue buscando a las personas que supuestamente habrían cometido delitos. Es tarea de la policía, de vez en cuando entregan a uno u otro, ponemos las audiencias en el más breve plazo posible para poder terminarlas. Hay gente con requisitoria. Está el caso de un detenido en Colombia y tiene que ser extraditado. Ya se ha hecho el trámite ante la Corte Suprema. Él sigue detenido en Colombia”, informó Atarama Lonzoy.
Y qué expectativas para el año 2026, se ve que el poder judicial y el ministerio público siguen luchando por su independencia ¿hay mucha interferencia política?
-Estamos viviendo una situación bastante complicada para el país en general. Vemos como hay una intromisión del poder político en todas las instituciones del sistema de administración de justicia. Tenemos que decir lo que viene pasando en el ministerio público, cuántos fiscales han sido destituidos, separados, les abren procesos, los inhabilitan. La última inhabilitada por 10 años ha sido la Fiscal de la Nación.
Hay varios ex presidentes del Perú en la cárcel y otros procesados, de tal suerte que lo que está ocurriendo en nuestro país, es que se está utilizando la administración de justicia en general para perseguir a los políticos.
Con esto no quiero decir que los políticos son santos, lo que pasa es que a la política ha llegado gente involucrada en muchos hechos que necesitan ser investigados y muchos de ellos terminan siendo sentenciados, condenados a altas penas como Martín Vizcarra, Pedro Castillo.
El tema judicial se está implicando de manera muy grande, muy fuerte en el tema de la política y por supuesto, los políticos quieren tomar por asalto tanto al ministerio público como al propio poder judicial. Hemos participado en un Congreso en la ciudad de Tacna, donde hemos exigido como poder judicial la voz a nivel nacional y Corte Suprema, el total respeto al Poder Judicial. Pero este respeto también pasa por otra situación, el tema económico.
Lamentablemente dependemos de la economía que aprueba el ejecutivo, el mismo que pasa por el parlamento y no dan los recursos que se necesitan. No dan pese a que tanto se habla de luchar contra la inseguridad ciudadana y la corrupción y no tenemos los recursos necesarios, no hay los jueces suficientes.
Acá hay un sinnúmero de casos donde están involucrados ex gobernadores regionales y lamentablemente no avanzan porque no hay jueces, falta personal. Hay 6 mil escritos por proveer y por más que hagamos maratones, reuniones extras para avanzar, no se logra.
Y la población exige resultados contundentes…
-La gente pide acción rápida. Deberíamos actuar rápido. Buscamos algunos mecanismos como la unidad de flagrancia, es una unidad piloto. Se avanza, pero no es suficiente. Necesitamos contar con más juzgados, más personal para resolver el retraso en la administración de justicia.
¿La población ha aumentado en el penal de Iquitos?
-Hace pocos días hemos ido junto a la unidad de control interno de la Corte Superior a recibir quejas. El penal está sobrepoblado, hay 1,300 internos. La política criminal de nuestro país no atiende de manera correcta esta situación. Al interior hay personas que podrían salir en libertad, pero por la burocracia del INPE y el poder judicial, se retarda la salida de algunos que están con penas de 3 o 4 años. Esperamos que el próximo año se agilicen para que obtengan su libertad.
El penal de Iquitos va a seguir teniendo una población permanente, la mayoría está por delitos graves. Hay un 16% de personas que están con condena de cadena perpetua. Esto hace unas 55 personas condenadas por delitos de violación de libertad sexual de menores, robo agravado con variantes, secuestros. El penal en vez de achicar su población va a seguir creciendo y seguirá manteniendo ese nivel porque hay un tercio de la población que está por violación de la libertad sexual.
De los 1,300 internos hay unos 400 por violación sexual, será más del tercio de la población penitenciaria y eso significa que se tiene que contar con un establecimiento penal más grande. El INPE cuenta con un terreno de varias hectáreas en la carretera Iquitos Nauta, pero no hay recursos económicos.
Existe la necesidad de un trabajo planificado para poder dar respuesta como la gente quiere, de lo contrario seguiremos solo hablando y no vamos a poder actuar sobre el tema de la violencia estructural que hay a nivel nacional.
Felizmente en Loreto este tema parece estar controlado, no hay la violencia que hay en otros lugares. Hay, pero es esporádica. La policía y todos en general tenemos que prevenir esas situaciones, no esperar que se dé, sino prevenir. Que se haga un trabajo mayor de inteligencia. Eso nos permitiría vivir con tranquilidad. (LMHL).
