Debe precisarse que nos referimos a autoridades elegidas mediante procesos electorales concordantes con la democracia que practicamos. Es decir todas las autoridades han llegado a sus cargos merced a la confianza, cariño, adhesión, simpatía y expectativas, que despertaron en sus seguidores, quienes, lógicamente, eran mayoría en su respectiva jurisdicción. Podríamos, entonces, concluir que esta mayoría se equivocó y no supo evaluar correctamente al candidato, o que este personaje logró ocultar sus verdaderas intenciones, engañando a todos, y recién las evidenció una vez en el cargo y durante su gestión.
Sin embargo tal conclusión es demasiado simple para explicar esta situación anómala, porque los alcaldes son conocidos, como políticos y como vecinos, en sus localidades, donde han mantenido condiciones mínimas de decencia y honorabilidad que les han permitido intervenir en la contienda electoral y, posteriormente, ganarla. Entonces, nos preguntamos ¿Puede una persona, cambiar de la noche a la mañana, su natural decencia y honorabilidad, sólo por transponer las puertas de una alcaldía o al sentarse en el sillón consistorial?
Hay que insistir que junto con el Alcalde acceden a sus cargos, también mediante elección, los regidores que, dentro de sus funciones, deberán fiscalizar la gestión municipal. Nos preguntamos ¿El acceso al cargo de regidor, puede afectar su natural decencia hasta el punto de hacerlos ciegos a las acciones negativas realizadas o, lo que es peor, hacerlos cómplices.
¿Es satisfactorio y de beneficio que todas las autoridades que muestran gestión con denuncias de irregularidades lleguen a la prisión?
La respuesta es No. Ni la región, ni el país, pueden progresar encerrando a todas las autoridades que se incluyen en transgresiones de gestión. Aquí debe precisarse que la opción es hacer que el ciudadano estudie en profundidad, la mejor acción que es la prevención evitando las condiciones que se convierten en fuentes de corrupción para las autoridades electas. Una de tales formas quizás la principal, o más común y generalizada fuente de enriquecimiento ilícito, es la contratación de la obra pública y todo lo referente a adquisiciones, porque involucran los mayores montos de inversión.
Es cierto que existen normas y dispositivos, y hasta un organismo especial como el CONSUCODE para cautelar la transparencia en las adquisiciones y en la contratación de obra pública, pero ya hemos comprobado su inoperancia pues han sido concebidas por gobernantes, y gobiernos, que siempre las han utilizado para pagar favores políticos, o para asegurar la fortaleza económica de los más prominentes miembros del partido.
Le corresponde a la Sociedad Civil Organizada, ahora con objetivos de un desarrollo regional que incluyan nuevos puntos de vista morales y económicos, el exigir que toda adquisición y todo proceso de adjudicación de obra pública, se realice abiertamente y ante veedores conformados por representantes de la Sociedad Civil, que puede exigir, porque son miembros de la Sociedad que contiene a los votantes que eligen a las autoridades y por lo tanto, por propia y acordada decisión, pueden negar el voto para la reelección de las autoridades que no abran al público, a partir de ahora, las adquisiciones y procesos que han programado realizar. De igual manera, determinar la exigencia de que todo candidato incluya en su plataforma de campaña el prohibir la ejecución de procesos para adquisiciones y contrataciones en forma cerrada o reservada. Si lo hacemos, los resultados de beneficio y desarrollo se sentirán inmediatamente, y a partir de las próximas elecciones habremos iniciado el cambio, que tanto reclama la región y el país.
