- Expresó el Dr. Aldo Atarama Lonzoy, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
- Ayer estuvo presente en el 109 aniversario de la mencionada Corte Superior.
Minutos antes de la ceremonia se le pudo entrevistar debido a que, por estas semanas, la Sala Penal de Apelaciones que preside ha tenido dos casos que ha generado una gran atención por parte de los ciudadanos.
Uno, el caso del alcalde de Trompeteros, para quien el ministerio público pide prisión preventiva y el otro; el de la menor vejada por dos adolescentes. Caso que conocerán el día de hoy, siendo que emitirían la resolución de apelación, el día viernes o a más tardar el día lunes 13 de octubre.
En cuanto al caso de la menor, expresó: “Se está viendo con la reserva del caso ya que se trata de dos menores de edad. Escucharemos (hoy) a los abogados, veremos qué es lo que hay en el expediente, lo estudiaremos y en función a ello resolveremos. La audiencia es privada, son menores de edad y la Ley así lo establece. Lamentablemente los propios familiares han roto esa privacidad, pero igual no caemos en esos juegos” habló el magistrado.
En cuanto al caso del alcalde de Trompeteros (para quien la fiscalía pide prisión preliminar), dijo únicamente que ya se había resuelto la semana pasada y que se había notificado a las partes.
Por otro lado, qué hará la CSJL para reducir las citaciones para las audiencias, hay notificaciones citando a los involucrados para noviembre del próximo año 2026 ¿esto es razonable?
-Hay bastante carga procesal. Quisiera establecer algunas cosas sobre ese punto. El 1 de octubre se cumplieron trece años de la implementación del Código Procesal Penal, lamentablemente el Código Procesal Penal, que es un instrumento que se supone debe haber agilizado los procesos y que se supone, debería permitir mayores garantías para las partes en general, se ha venido tergiversando.
Hemos hecho una evaluación sobre ese tema. Nos hubiera gustado hacerla con todos los estamentos como el ministerio público, defensoría pública, abogados privados y el poder judicial, conocer qué está pasando. Pues en el Código Procesal Penal, se habla de la ORALIDAD en el proceso penal y, sin embargo, hay más papel del que había en anteriores procesos.
El tema es que el ministerio público, los abogados de la defensa y los propios jueces, estamos llenándonos de papel y más papel. Ponemos jurisprudencias, copiamos casi hasta medio libro de las jurisprudencias, de las doctrinas etc. Y sobre el caso escribimos poco, cuando además debería ser oral el asunto.
Hace poco ha venido un abogado a decir que ha presentado un escrito. Le he respondido que ellos son los que malogran el proceso porque eso que está escrito no lo vamos a leer. Ellos tienen que pedir oralmente en audiencia lo que están solicitando. Ahí hay varios defectos que estamos cometiendo y tenemos que enmendarlo, porque la ciudadanía tiene derecho a reclamar que nos demoramos demasiado, que esperamos muchas cosas. Y es ahí que se presta para que hablen otras cosas indebidas.
Cosas que nosotros rechazamos de plano. Hay algunos abogados, no todos por supuesto y esto quiero que quede bien en claro; hay malos abogados que toman los nombres de secretarios y jueces, para decir que les piden dinero. Yo digo dura y drásticamente, que están estafando a los propios procesados.
Lamentablemente la gente no quiere denunciar, pero les invoco a que cuando alguien pida dinero a nombre de jueces o secretarios, lo denuncien inmediatamente porque esas personas no están ejerciendo el Derecho, sino que están cometiendo delitos.
Pido que no se dejen engañar, no se dejen sorprender. Nosotros los jueces y secretarios tenemos un sueldo del Estado y estamos en la obligación de resolver las causas, no porque piden dinero para el juez etc., sino porque es nuestro deber, nuestra obligación administrar justicia correctamente. Resolvemos de acuerdo a la ley y el Derecho.
