- Mencionó el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios Paul Peralta Chota.
Fue en el evento convocado por el ministerio público a fin de profundizar en el DU 028-2006, que manda al gobierno regional, así como a las municipalidades de zona petrolera a entregar un porcentaje del canon a los Núcleos Ejecutores para que ellos decidan mejorar sus necesidades urgentes.
Sin embargo, se conoce que estos fondos, en el caso de 29 municipalidades, nunca les han entregado ese presupuesto, destinando a otros gastos.
Peralta Chota, casi al final de su exposición, indicó que la fiscalía anticorrupción, en los distintos despachos, cuenta con investigaciones abiertas sobre el tema, tanto de las gestiones actuales (gorel y municipalidades) como de las anteriores. Incluso muchos procesos que ya han concluido en los que están solicitando pena privativa de la libertad efectiva para algunos, de acuerdo a la gravedad del caso.
Les recordó a los miembros de las diversas comunidades nativas y campesinas, que muchas veces son los que administran los Núcleos Ejecutores. “También pueden ser pasibles de sanciones penales las personas naturales, ciudadanos que no necesariamente son funcionarios públicos”, les habló.
“Están los delitos de peculado, malversación, colusión, que pueden cometer con dinero del Estados. Hay investigaciones en trámite. El gobierno regional tiene presupuesto para ser ejecutado a través de la gerencia de pueblos indígenas, a favor de los Núcleos Ejecutores. Pero ¿a veces qué pasa?
Que previamente para que el NE decida firmar un compromiso, un convenio con una determinada empresa, este acuerdo no es directamente entre el contratista y el NE, porque por debajo de la mesa ya hay un acuerdo entre el funcionario y el proveedor, o el funcionario y contratista para que él se encargue de la construcción del proyecto. Acá existe un acuerdo ilícito, una componenda ilícita, un pacto ilícito. Un acuerdo por debajo de la mesa.
Si bien el NE no integra ese acuerdo, aparece al centro del pacto ilícito realizado entre el contratista y el funcionario. Sí sería el sujeto pasivo de la acción. No el agraviado porque el agraviado es el Estado. En todo caso el NE, resulta siendo un afectado.
Un afectado porque era al NE a quien debieron haber dado las facultades para determinar con quién desarrollar su proyecto, quizá conformando su empresa comunal. Pero el funcionario público ilícitamente le condicionó la entrega del presupuesto a que el NE contrate con un proveedor X que ya se puso de acuerdo con el funcionario” expresó Peralta.
También les recordó, lo que después también diría el gerente de la Contraloría de Loreto, Juan Becerra Romero; que los NE deben estar debidamente formalizados, contar con sus proyectos a desarrollar, recién ahí hacer su solicitud del canon petrolero en base al DU 028-2006 ante el gobierno regional y las municipalidades.
Si no existe ese procedimiento establecido en la norma, las entidades no podrán cumplir con la solicitud. “No basta únicamente que sean miembros de las comunidades indígenas o campesinas de la zona de influencia petrolera para exigir ese derecho”, acotó.
Por otro lado, les narró realidades que aparecen alrededor de la administración del dinero de los Núcleos Ejecutores. “Lamentablemente muchas veces por desconocimiento o lo hacen a propósito, no quiero generalizar, ha habido situaciones en que nos ha tocado investigar a personas que forman parte de las comunidades nativas.
Por ejemplo, han retirado 10 mil soles de la cuenta de los Núcleos Ejecutores, del Bando de la Nación, pero no lo destinaron para la obra, sino en viajes, hospedajes, alimentación, gastaron en fines distintos a la ejecución del proyecto para lo cual ese presupuesto había sido destinado a un comedor popular, mejoramiento de una institución educativa etc. El dinero fue sustraído y utilizado en gastos propios, personales.
El presupuesto que el Estado otorga a través del gobierno regional, local, tendría que ser ejecutado en el marco del presupuesto que se asigna. Erróneamente pensamos que el Estado otorga ese presupuesto del canon a las comunidades nativas, para gastarlo de cualquier forma, o utilizarlo en cualquier concepto, de otra índole, pero no es así. Nosotros vivimos en un marco de Estado democrático que se rige por normas que regulan las acciones, ya no solo de funcionarios.
Hay que recordar que en el código penal también se señala, que los delitos que sancionan a funcionarios públicos, también se pueden extender a personas particulares. La labor del ministerio público no busca solo sanciones, sino prevenir, evitar que las personas comentan delitos. Con ello también nos liberamos de carga procesal, hay muchas investigaciones en curso.
Por ello quiero exhortar a los funcionarios públicos, así como a los miembros de las comunidades nativas y campesinas; que desarrollen un buen trabajo puesto que ya hay varias investigaciones del gobierno regional, de esta gestión como las anteriores.
De las municipalidades, tanto de esta gestión y de las anteriores que ya vienen siendo investigadas en relación a los Núcleos Ejecutores con el presupuesto del canon petrolero. Ya hay casos con sanciones donde se solicita pena privativa de libertad efectiva de acuerdo a la gravedad de los hechos”, advirtió Peralta Chota.
(Luz Marina Herrera Lama).
