Hacia finales de 2018, más de la mitad de las regiones contará con planes regionales contra la trata de personas

Diez años han pasado desde la aprobación de la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, la cual sirve como marco legal para la regulación de este delito en nuestro país, conocido como la “esclavitud moderna” que afecta aproximadamente a 200,500 personas en el Perú.
Un hito de suma importancia en este camino fue el año 2011 en el que se aprobó el primer Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011 – 2016, promovido además por el entonces el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra Trata de Personas, hoy Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
A pesar del poco tiempo de reconocimiento formal como delito, desde las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional, se observan grandes avances. Sin embargo, a la vez se ve con preocupación la escasa ejecución presupuestal de las entidades públicas competentes, así como las dificultades de coordinación entre ellas, que impiden mayores logros en la estrategia de lucha contra este flagelo.
Con la finalidad de fortalecer las acciones de los sectores involucrados, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, en coordinación con la oficina de Cooperación Internacional de dicho poder del Estado, el Observa La Trata y CHS Alternativo, realizaron el Foro “Nuevo Plan Nacional de acciones contra la Trata de Personas” en el marco del cual el viceministro del Interior, Ricardo Valdés, presentó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021 e informó sobre los avances y retos desde su sector para implementar acciones concretas en la lucha contra este delito, precisando la importancia de los Planes Regionales contra la Trata de Personas y la necesidad de que estén alineados el PNAT vigente, documento que se centra en la víctima y en la mitigación de los factores de riesgo del delito. Dicha ponencia fue reforzada con los valiosos que aportes que desde el Ministerio Público planteó la Fiscal Superior Penal, especializada en delitos de trata de personas, con especial énfasis en la revictimización en la investigación y atención en casos de trata.
Desde CHS Alternativo consideran que el esfuerzo en las acciones que realiza el Ministerio del Interior deben ser soportadas desde los otros sectores para reflejar la multisectorialidad que requiere un abordaje transversal e integral, en este sentido fue importante conocer que actualmente dicho Ministerio viene trabajando – en coordinación con los gobiernos regionales – la creación de 10 planes regionales alineados al Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, aprobado en junio pasado y que, hacia finales del año 2018, más de la mitad del total de regiones del país contará con sus planes de acción. (MIPR)