Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH exige inmediata solución a la crítica situación de emergencia ambiental y social

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos viene expresando su preocupación por la crítica situación de emergencia ambiental y social que viven las comunidades indígenas de los pueblos: Quechua, Achuar, Urarina, Kichwa y Kukama Kukamiria, de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, afectadas por más de 40 años de actividades petroleras de los lotes 1AB y 8.
Señala, a través de un pronunciamiento, que la crítica situación ambiental y social que viven tales pueblos y que afecta su territorio es producto de las acciones y omisiones de las empresas petroleras que operaron y operan los lotes 1AB y 8; y del Estado debido a la escasa fiscalización, débil presencia local y permisibilidad al promover la actividad extractiva sin garantizar derechos fundamentales como la vida y salud, y derechos colectivos de las comunidades en el área de influencia directa e indirecta de dichos lotes, y sin garantizar la conservación del ambiente a pesar de existir informes oficiales señalando la crisis ambiental en la zona desde los años ochenta.
Desde hace muchos años, las federaciones indígenas de las citadas cuatro cuencas amazónicas, FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT, vienen buscando justicia, reparaciones y vida digna, y sus pueblos sostienen desde hace varios años espacios de diálogo con el Estado y las empresas petroleras sin alcanzar soluciones reales. Ello sumado a la indiferencia, burocracia y negligencias sufridas, han motivado en repetidas ocasiones conflictos sociales donde las propias comunidades debieron asumir medidas de fuerza para hacerse oír y respetar.
Como es de conocimiento, en reiteradas oportunidades FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT han señalado su voluntad de diálogo y que no se oponen a la consulta previa, al “desarrollo” ni a la actividad extractiva; pero exigen al Estado y a las empresas respeto a sus comunidades, y que se atiendan sus pedidos de remediación de las áreas contaminadas, que se aseguren sus territorios con títulos de propiedad, que se les compensen por el uso de sus tierras e indemnicen por los daños causados, y así se les asegure una vida digna en sus territorios.
Esta situación se vuelve más preocupante ante un escenario en el que está por terminar el contrato de la actual operadora del Lote 1AB, Pluspetrol (agosto 2015), y se anuncia una licitación para que ingrese una siguiente empresa (en el Lote 1AB, renombrado como Lote 192), sin quedar claro quién asumirá, la remediación de los graves impactos ambientales generados por más de cuarenta años.
A todo esto se suma la inestable postura del Estado sobre si habrá o no consulta previa para la nueva adjudicación o derecho que permita continuar las operaciones petroleras en el área del Lote 1AB, creando un escenario de incertidumbre y tensión creciente.
Esto resulta contradictorio, ya que todas estas situaciones se dan en el marco que el Perú es el anfitrión de un evento de envergadura internacional como la COP20 –con una inversión estatal de más de 170 millones de Soles- y haciendo público en fueros extranjeros su compromiso ambiental. Sin embargo, se sigue postergando la implementación de medidas y soluciones para atender una de las zonas históricamente más contaminadas de la Amazonía.
“Por tanto, respaldamos los pedidos de las federaciones e invocamos a que el gobierno del presidente Ollanta Humala actúe de forma inmediata y que emitan en el más breve plazo un presupuesto extraordinario para un fondo intangible que financie las medidas de solución para la problemática de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, y que se elabore un cronograma estricto de implementación. Asimismo, que emitan una declaración firme en la cual anuncie que la continuidad de las operaciones de hidrocarburos en la zona o cualquier nueva operación se someterá a consulta previa”, refiere Rocío Silva Santistevan, secretaria ejecutiva de la coordinadora de derechos humanos. (MIPR)