La lucha contra el crimen organizado no puede limitarse únicamente a capturar a los responsables. Tan importante como detener a quienes cometen delitos es quitarles el dinero y los bienes obtenidos de manera ilegal. De lo contrario, las organizaciones criminales continúan operando, financiando nuevas actividades ilícitas y ampliando su influencia.
En ese contexto, la Extinción de Dominio se ha convertido en una herramienta fundamental. Su finalidad es recuperar para el Estado los bienes cuyo origen o utilización están vinculados a delitos como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas o la minería ilegal. No busca afectar el patrimonio de quienes han trabajado honestamente, sino impedir que el dinero ilícito se disfrace de riqueza legítima.
Loreto conoce de cerca las consecuencias de estas economías ilegales. La minería ilegal, el tráfico de drogas y otros delitos ambientales no solo dañan nuestros recursos naturales, sino que también generan violencia, corrupción y pobreza. Por ello, toda medida que permita debilitar el poder económico de estas organizaciones merece ser fortalecida.
Las capacitaciones dirigidas a jueces, fiscales y procuradores, como la realizada recientemente en Iquitos, son un paso importante. Una correcta aplicación de la ley garantiza que la extinción de dominio se ejerza con transparencia, respetando el debido proceso y los derechos de las personas, evitando arbitrariedades.
No obstante, esta herramienta solo será realmente efectiva si va acompañada de investigaciones serias, instituciones independientes y una firme voluntad política para combatir el crimen sin privilegios ni excepciones. La justicia debe actuar con la misma firmeza frente a cualquier persona, sin importar su poder económico o influencia.
La ciudadanía espera resultados concretos. Recuperar bienes obtenidos ilegalmente no solo debilita a las organizaciones criminales, sino que también reafirma un principio esencial: en un Estado de derecho, el delito no puede convertirse en un camino para enriquecerse. Esa es la señal que el Perú debe seguir fortaleciendo para proteger la legalidad y el futuro de regiones como Loreto.
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Golpear las ganancias del delito
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