- Declaró el Defensor del Pueblo/Loreto, Dr. Abel Chiroque Becerra.
Según transparencia económica, en consulta de ejecución del gasto observada al día martes 09 de mayo; se ve que la municipalidad distrital de Punchana, tiene 6 millones 788 mil 409 soles. La municipalidad provincial de Maynas, cuenta con 5 millones 670 mil 435 soles. Municipalidad distrital de Belén, 2 millones 554 mil 425 soles. Municipalidad distrital de San Juan, 1 millón 609 mil 889 soles.
El resto de municipalidades de la región Loreto, también cuentan con presupuesto para que actúen contra la inseguridad ciudadana que viene atemorizando a la población amazónica.
“Defensoría del Pueblo, a raíz de los últimos acontecimientos de incremento de la inseguridad ciudadana, ha pedido al gobernador de Loreto, que convoque a una sesión extraordinaria al consejo regional de seguridad ciudadana donde estén presentes los alcaldes de los distritos de San Juan, Belén, Punchana, así como la provincial de Maynas.
A fin que expliquen qué acciones están adoptando y qué medidas están realizando para ejecutar el presupuesto que tienen asignado para la seguridad ciudadana en la partida presupuestal 030, para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
Cuentan con presupuesto que bien pueden dar apoyo a la policía nacional. Contamos con un informe de la policía donde dan a conocer que tienen patrulleros malogrados, no hay motos en buen funcionamiento, les falta logística para comunicarse y atender la ola de violencia con muertes de personas que están dándose acá.
Queremos que haya una reacción de las autoridades encargadas, las municipalidades a quiénes corresponde la seguridad. El Coresec es la instancia de mayor nivel regional de coordinación en temas de seguridad ciudadana. Entonces, este espacio debe convocar a las comunas para que expliquen qué están haciendo y qué acciones están ejecutando con ese presupuesto. La población quiere resultados a lo que viene ocurriendo y no puede ser un tema declarativo, sino que deben haber hechos concretos.
No reunirse un día y al día siguiente aparece otra persona muerta, eso a la población le genera preocupación, miedo, sensación de desprotección, inseguridad. La población requiere a sus autoridades resultados, acciones efectivas en el tema de seguridad ciudadana.
Ven afectada la vida, el patrimonio, la salud, está con un temor de que ingresen a sus casas, robos, no hay tranquilidad. Por eso hemos pedido al gobernador que convoque rápidamente a los alcaldes a dar una explicación sobre el gasto de ese presupuesto en bien de la población” dice el Defensor del Pueblo.
Por otro lado. ¿Qué hacer, el consejo regional sigue reuniéndose en la azotea de un hotel, en el cuarto piso, donde no pueden subir las personas con discapacidad?
-Nos preocupa sobremanera que los consejeros no hayan actuado con la oportunidad y respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Queremos llamar la atención a la sociedad en su conjunto, que los derechos no son meros declarativos, el régimen legal de protección que establece la Constitución para las personas con discapacidad, es una obligación.
Sumado a ello, tenemos la Ley General de las Personas con Discapacidad, que establece un principio de accesibilidad para todas las personas con discapacidad. Después los tratados internacionales, convenios de derechos sobre personas con discapacidad que establecen que las instituciones tienen que garantizar a las personas con discapacidad. No es un tema declarativo, es una grave vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Hay que insistir y advertirles a los consejeros que tienen que realizar sus reuniones en un primer piso, es una obligación de las entidades el cumplir con las normas relacionadas a la accesibilidad para ellos. El Contralor de la República, se ha pronunciado indicando la necesidad de que los gobiernos locales y regionales asignen el 1% de su presupuesto y cumplan con los derechos de las personas con discapacidad.
Sino tocaremos la puerta de Contraloría para que cumplan con esa obligación. De continuar, iremos a la fiscalía de prevención por ilícito penal para que intervenga por constituir un ilícito penal de omisión de profesionales, abuso de autoridad.
No podemos ser tolerantes a estas decisiones que toman las autoridades. El respeto hacia las personas con discapacidad es una obligación que debemos cumplir todos los funcionarios y la sociedad entender que la dignidad que tienen las personas con discapacidad, es la dignidad que tenemos todas las personas.
Finalmente. El general del ejército, sobre las propinas de los soldados y agresiones a un integrante de la tropa, prácticamente lamentó que Defensoría, no los había buscado ¿qué podría responder?
-Defensoría del Pueblo, por el caso del soldado desaparecido en el Putumayo, hemos acudido a la Quinta División del Ejército, para entrevista con el general. Hemos tenido que hacerlo por escrito, estando en comunicación burocrática por estos casos y hemos acudido a Inspectoría de esa unidad donde ha ocurrido el caso.
Estamos efectuando una recomendación al general, en el sentido que de manera preventiva se organizan talleres para prevenir la violencia en los cuarteles del ejército y que los soldados tengan información del ministerio público, de Defensoría, en temas de protección de derechos humanos de la organización Vicaría de la Iglesia.
Tienen que actuar de manera preventiva y evitar que se presenten nuevos casos, nuevas denuncias. Considero que la máxima autoridad militar en la región, tendría que actuar de manera proactiva para evitar que puedan presentarse nuevos casos de denuncias relacionadas con hechos de violencia.
Pese a que los dos soldados, que declararon sobre las propinas, se han desistido, nosotros vamos a seguir el caso de oficio ya que de inmediato trasladamos el caso a la fiscalía, los acompañamos a los denunciados.
La recomendación también es para que permitan a otras entidades brindar información a los soldados, charlas, talleres, para prevenir cualquier hecho de violencia que se pueda presentar dentro de los cuarteles. (LMHL).
