Garantizar derechos

Ningún extremo es recomendable en todos los aspectos de la vida. Y estamos observando como muchos de ustedes que en los últimos tiempos nuestra ciudad no solamente ha sufrido del incremento de la delincuencia común, sino, que la violencia verbal está ocupando sitiales insospechados.
Esta vez los ataques con calificativos desde un sector de comunicadores hacia la institucionalidad del Poder Judicial y específicamente contra ciertos jueces, ha motivado que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Manuel Guillermo Felipe, convocara a una Sala Plena de jueces superiores.
En esta reunión acordaron emitir un pronunciamiento para plasmar la posición frente a los acontecimientos lesivos. A lo que el presidente de la Corte declaró que la Sala Plena de Jueces «se ha reafirmado en que somos garantes de los derechos de los ciudadanos, el grande y el pequeño, siempre va a tener la garantía que se va a hacer valer sus derechos.
Como para recordarlo bien, señaló: «Todo ciudadano debe ser respetado en su honor y buena reputación. Aquel que ose infringirla ya queda a cada agraviado interponer las acciones administrativas o legales que correspondan, para hacer valer su derecho. Tan igual como ese derecho está el de la libertad de expresión y dentro de ello la crítica a las resoluciones judiciales».
Fue muy clara la autoridad judicial, al decir que el ejercicio del derecho tiene límites, «y quien desborda esos límites invade y afecta derechos de otras personas, tiene que responder por ellos». En la Constitución también están las garantías de independencia e imparcialidad que tienen el juez, entonces, la Sala Plena ha abordado esto último para enfatizar como institución que siempre va a resolver bajo esos principios».
También la alta autoridad judicial ha referido que cualquier presión, cualquier insulto más allá de las acciones individuales que corresponda a cada agraviado en su honor, éste está en todo su derecho de tomar las acciones legales que correspondan. Y es que en nuestra ciudad se ha vuelto muy ligero lanzar calificativos sin prueba contundente que respalde el uso de la palabra. Es necesario lograr que el derecho de ejercer nuestra opinión no ponga en riesgo la integridad de otra persona, o de una institución.