El viernes 27 de enero fue publicada la norma que modifica el artículo 381 código penal.
La Ley 31676 modifica el código penal con la finalidad de REPRIMIR las conductas que afectan los principios de méritos, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública.
Art. 381: Nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo: El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a personas en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, no menor de dos, ni mayor de cuatro años y con 60 a 120 días multa.
El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales, será reprimido con las mismas penas”, apunta la norma.
Las designaciones ya no son como antes, cuando los funcionarios iban “regalando” puestos a sus más allegados, incluso hasta a familiares. Ahora hay ojos encima de cada institución pública ya que el presupuesto millonario para el pago de recursos humanos a nivel nacional, es inmenso.
En tanto, deben colocar realmente a los profesionales que cuentan con los requisitos a fin que su desempeño sea mejor en bien de cada espacio público del aparato estatal.
Justamente en la última controversia laboral surgida este mes donde se han renovado autoridades regional, provincial, distrital, se han estado colocando a personas que no cuentan con los requisitos para el cargo asignado y que se aferran al mismo para no dejar de ganar el sueldo ofrecido.
Ahora tendrán que dejarlo, porque la modificatoria de la Ley es clara y precisa. A no ser que varios quieran ir a incrementar las estadísticas del establecimiento penal.
De otro lado, ayer se pudo entrevistar al abogado Moisés Zarmiento Guedes, actual gerente de personal del gobierno regional de Loreto, para conocer sobre la visita que le hizo Servir y los informes que viene preparando Contraloría, respecto a los funcionarios que no contarían con los requisitos para el puesto otorgado.
“Nosotros como institución tenemos que cumplir con las instancias, principalmente con las instituciones fiscalizadoras como Servir y Contraloría. De acuerdo al Informe 14-79 del 17 de agosto del año 2022, nos da la potestad, según punto 2.24, que como institución tenemos que hacer una evaluación y revisión de todos los que han obtenido CAS indeterminado o determinado.
Nosotros como funcionarios cumplimos porque después debemos dar un informe a ellos y ver qué decisión toman de acuerdo a la información entregada. Si cumplen con los requisitos colocados en las bases, si cumplen con el perfil. Nosotros hemos facilitado la documentación solicitada”, refirió.
¿Entonces los trabajadores van a continuar laborando en sus puestos?
-Claro porque hasta ahora ni el doctor René Chávez, ni nosotros como parte legal, hemos decidido que se saque a alguien, estamos cumpliendo con las formalidades. Respetamos el derecho laboral, a los trabajadores. En ningún momento se les ha dado una carta de despido o se ha impedido el ingreso a la institución, nunca ha sucedido eso.
¿Contraloría ha dicho que verificará si los funcionarios están cumpliendo con los requisitos?
-Somos sujetos a ello. No solo la institución revisará la documentación del personal, sino Contraloría también hará una revisión a todos los designados que están en el gobierno regional.
Si no cumplen hay que aceptar lo que Contraloría manda, es una instancia superior que da una línea de trabajo y los requisitos que demandan en los cargos. De encontrarse algún caso, se da un tiempo para que la persona sea reemplazada. Nos allanamos a lo que diga la instancia superior.
