Fuga asilada

Los procesos fiscales y judiciales de temas de corrupción en contra del Estado peruano no cabe duda que son complejísimos y a esto se suma la actitud de procesados que se niegan de diversas formas a no contribuir con las investigaciones, sino a obstaculizarlas, desvirtuarlas y hasta burlarlas.
Entonces vemos que los operadores de justicia en general en ciertos casos deben actuar con la celeridad de la suspicacia de la fuga de quienes pueden aportar mucho en el esclarecimiento de determinados hechos delictivos. Y ya tenemos varios casos en la lista: al ex presidente Toledo, el ex juez supremo Hinostroza y la más variopinta del ex presidente Alan García.
Este último caso digno del imaginario de un escritor literario e indigna realidad para una nación entera que venía escuchando del propio protagonista de las investigaciones su “gran deseo” de afrontar el proceso de investigación en el país, asegurando que no se iría. Lo que parece no se puso en duda por lo convincente de sus expresiones.
Pero, pocos repararon en antecedentes de este mismo personaje político que huyo de la justicia del país con argucias legales que hoy se actualizan en la forma de “fuga asilada”. Si bien este recurso no es nuevo. Nos recuerdan los especialistas que solo es aplicable en casos de persecución política y no en investigaciones por delitos de corrupción.
Es casi improbable que esta vez el exmandatario termine por esquivar a la justicia del país, porque estamos en otro escenario, en el de acabar con las fórmulas nacionales e internacionales ilícitas que hunden a los países en la pobreza y extrema pobreza mostrada a través de indicadores como el alto porcentaje de población infantil anémica y desnutrida, producto del subdesarrollo debido a la gran fuga de millones de dólares a manos de corruptos. Y ello se necesita deslindar a través de las investigaciones, por tanto es inaceptable actitudes que la intenten bloquear.
El pueblo peruano ha demostrado que se inclina hacia los cambios que lleven a investigar y sancionar a los que resulten responsables del saqueo de sus recursos económicos, y por supuesto a que los mismos sean recuperados sea en bienes o en efectivo y destinados a impulsar bases de desarrollo sostenible con respeto al medio ambiente. Además de las sanciones penales que corresponda en las sentencias.
Vaya nuestro respaldo a las acciones judiciales y fiscales impecables acorde con las normativas vigentes. Estamos en un estado de derecho donde el acto ilegal comprobado se debe sancionar y que nunca más el Estado peruano sea burlado, por lo que estamos en la obligación de hacerlo respetar, porque ese Estado somos cada uno de nosotros y nosotras estimados lectores, como nuestros hijos y la descendencia. Te amamos Perú libre de saqueadores.