Después de las diversas actividades coloridas y emotivas por las fiestas patrias en nuestro país, nos viene tocando ser parte de la tensión que viven los venezolanos en su república y con quienes han venido a vivir en nuestro país tras la fuerte crisis que los azota desde hace varios años.
Tensiones que se agudizaron desde el último domingo 28 de julio tras las elecciones presidenciales, y hasta la fecha no se han podido o querido mostrar oficialmente las actas electorales, que supuestamente dan por ganador a Nicolás Maduro, lo que ha motivado rechazo y enorme suspicacia.
La oposición ha presentado actas donde el ganador sería Edmundo Gonzales, mientras Maduro hace reuniones de reconocimiento como presidente y hasta se habla de judicializarse el caso, todo un atropello y desnaturalización de medidas para llevar a juicio este delicado caso por no mostrarse las actas electorales.
Se muestra y reafirma como un gobierno dictatorial, donde las leyes y reglamentos se aplican e interpretan de tal forma que favorezca a la actual gestión para seguir en el poder, en evidente contra de la decisión de la ciudadanía venezolana que lucha por sostener su frágil democracia, o lo poco que queda de esa condición que es el hecho de emitir un voto para elegir autoridades.
El hecho de que no se han mostrado las actas, lleva a la firmeza del triunfo de Gonzales, caso contrario el todavía régimen de Maduro de darse como ganador legítimo lo hubiera mostrado sin necesidad de que los venezolanos y la comunidad mundial lo vengan exigiendo. Un atropello descarado a la ley y proceso electoral del país llanero.
Ya se conoce que nuestra embajada en Caracas, capital de Venezuela ha sido expulsada, lo propio en Lima no está funcionando la diplomacia venezolana, como sucedió con otros países que se han pronunciado a favor de unas elecciones transparentes en dicha nación.
Pero, lo que se está graficando en la nación bolivariana, tiene en el fondo semejanza con lo que viene ocurriendo en nuestra nación respecto a las normativas que no se respetan y se ajustan a intereses como de Alberto Fujimori que viene siendo bien cuestionada por ilegal, la asignación de una pensión. Podríamos estar mirando un espejo de un futuro cercano en nuestro país si no se ponen a derecho los actos del Congreso y del mismo Ejecutivo en nuestro amado Perú. Vivimos una dictadura maquillada de democracia.