- Denuncia fue interpuesta ante la fiscalía especializada en materia ambiental por el presidente de ORPIO.
Cuyo presidente Jorge Pérez Rubio, acudió el pasado 18 de noviembre 2019 para denunciar ante la fiscalía al gobernador de Loreto Elisbán Ochoa, así como a Kenjy Bruno Terán Piña, en ese entonces gerente regional de la gerencia forestal y de fauna silvestre de Loreto.
Sin embargo, luego de las investigaciones fiscales, han podido determinar que los derechos habilitantes (concesiones) fueron otorgados en los años 2016/2017 en la gestión del exgobernador Fernando Meléndez Celis, por lo que el ministerio público optó por archivar la imputación hecha contra el actual gobernador Ochoa Sosa y Kenjy Terán.
Ya que no ostentaban esos cargos al ocurrir los hechos, es decir ocurrió en la gestión del exgobernador y hoy congresista Fernando Meléndez Celis.
Hoy los investigados son: Raúl Gustavo Torres Vásquez, Rildo Rojas Tuanama, Tito Zevallos Romero y Carlos Franco Salazar Jarama, como presuntos autores del delito de otorgamiento ilegal de derechos, al haber autorizado concesiones sobre territorio indígena.
La fiscalía señala que esa gestión realizó acciones administrativas para ofrecer unidades de aprovechamiento forestal sujetas a otorgamiento de concesiones forestales maderables mediante aprovechamiento abreviado, de manera ilegal ya que se encuentran superpuestas a 3 reservas indígenas.
Una en la zona del Napo-Tigre y afluentes. Otra en Yavarí Mirím y la tercera en Yavarí Tapichi. El ministerio público requirió información al ministerio de cultura sobre el reconocimiento de las tres reservas indígenas, el mismo que le reenvió nutrida documentación que favorece a los pueblos originarios y también en situación de aislamiento.
De acuerdo a la abundante información, la fiscalía puntualiza en que realmente los funcionarios han cometido una transgresión a sus derechos (indígenas) al otorgar títulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos naturales al interior de esas áreas intangibles, pues es precisamente su condición de intangibilidad la que prescribe cualquier actividad que pueda vulnerar sus derechos.
Es decir, los exfuncionarios no observaron la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763, que en su artículo 27 reseña las categorías de zonificación forestal que detalla las zonas de tratamiento especial comprendiendo a las reservas de tierras para pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. Sobre ellas, no cabe posibilidad alguna de otorgar títulos habilitantes forestales (concesiones).
“Ignoraron por completo las normas legales y constitucionales que optan por la protección de estos pueblos originarios, hecho que sin duda constituye una infracción normativa por la que este despacho se encuentra en la obligación de impulsar la acción penal.
Suscribieron resoluciones administrativas otorgando unidades de aprovechamiento descritas a concesionarios forestales, las mismas que se superponen con territorios de comunidades indígenas en situación de aislamiento o en contacto inicial” apunta la fiscalía.
Finalmente, la fiscalía especializada en materia ambiental viene citando a los involucrados para que declaren. El miércoles 11 de agosto 2021 a las 10 am tendrá que asistir Rildo Rojas Tuanama. El mismo día, pero a las 2 y 30 pm. tendrá que acudir Carlo Salazar Jarama. Tito Zevallos Romero, el viernes 13 de agosto de 2021 a las 10 am. Y Raúl Gustavo Torres Vásquez, para ese mismo día, pero a las 2 y 30.
(Luz Marina Herrera Lama).
