- Que protestaron el año 2008 en contra de la transnacional Pluspetrol.
La Segunda Fiscalía Superior de Loreto a cargo del Dr. Mario Alberto Gallo Zamudio, mediante Dictamen Superior N° 172-2017, en el proceso seguido ante la Sala Penal Liquidadora, presidida por el juez superior Dr. Aldo Atarama Lonzoy, solicitó se imponga 31 años de cárcel para los indígenas quechuas, achuares y kichwas que en marzo del 2008 participaron en los hechos de protesta contra la petrolera Pluspetrol Norte, concesionario en esa época del lote 1AB de Amazonía Norte.
Según este dictamen acusatorio, el levantamiento indígena y todas las circunstancias que la rodearon, principalmente la paralización de las actividades petroleras en la Base San Jacinto, Bartra, Locación 1-A, constituyen delitos de extorsión agravada (18 años cuatro meses de cárcel y 500 mil de reparación civil), secuestro (31 años y 10 mil soles de reparación civil) y robo agravado (10 años y 10 mil soles de reparación civil).
El pedido de cárcel está dirigido contra 21 indígenas de la zona y los líderes de ese entonces. Ellos son : Guillermo Venacion Sandi Tuitui, Leonardo Reyes Ushihua, Ricardo Canelos Sandi, José Dence Fachín Ruiz, Hugo Cariajano Tapuy, Casseli Cariajano Tapuy, Bertony Cariajano Tapuy, Jhon Vega Flores, Marco Polo Ramírez Arahuanaza, Glyden Portocarrero Villalobos, Douglas Hermoso Campos Montes, Límber Félix Carranza Requejo, Líder Alberto Cariajano Cuje, Arolde Cariajano Cuje, Arolde Rodríguez Cariajano, Franklin Tuitui Ushihua, Emerson Sandi Rodríguez, Benjamín Cariajano Aguinda, Cacimiro Flores Ramírez, Artemio Sandi Ushihua, Ilger Felipe Calderón Cuje y Ricardo Núñez Chunje.
Según dirigentes que pertenecen a Fediquep, ORIAP, Opikafpe y Feconat, esta sería una persecución penal que se implementó en el año 2008, en contra de las comunidades que se levantaron denunciando a Pluspetrol en el lote 1AB, que no cesa hasta ahora. Son 9 años de estar sometidos supuestamente al “imperio de la ley”.
Según los dirigentes indígenas, luego de todo este tiempo, y los esfuerzos que ha hecho el sistema penal para dialogar y comprender las protestas indígenas en defensa de sus derechos, a pesar de la deuda social histórica, donde ellos son las principales víctimas del “desarrollo”, a pesar también de que esas actividades y los impactos, que no son meras infracciones administrativas, sino crímenes ambientales y genocidio contra poblaciones vulnerables; para los fiscales de Loreto, estos que legítimamente protestaron, son delincuentes que deben ser sentenciados por extorsión agravada, secuestro y robo agravado.
Los miembros de estas comunidades nativas señalaron que ante este tipo de amenazas los pueblos suelen unirse y lo primero que deben hacer es someter a un control de constitucionalidad, “este tipo de pretensiones de fiscales prevaricadores, que dejaron impune a las transnacionales que cometieron genocidio y los crímenes ambientales más atroces, pretenden enviar a la cárcel a los que se levantaron en defensa de sus derechos”, dijo un dirigente indígena.
(C. Ampuero)
Ya basta de tanta ignominia contra los pueblos amazónicos. Cuántos años pone este Gallo a los que derraman petróleo, envenenan los ríos, matan a niños y mujeres de hambre, producen enfermedades y destruyen la naturaleza? Me sabe a negociado, cuánto dinero hay de por medio de parte de la empresas petroleras? Es una vergüenza.
Lo justo, una cosa es reprochar o protestar contra alguna empresa privada o estado que supuestamente perjudica a la población vulnerable, pero otra cosa es apropiarse ilicitamente de lo ajeno ésto es pena para cualquier persona ya sea indigena o de ciudad.