– Y once para el padre Mario Bartolini
La titular de la Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, Sandra Alarcón, solicitó diez años de prisión contra el director de Radio TV Oriente de Yurimaguas, Geovanni Acate, tan sólo por informar lo sucedido durante las protestas amazónicas del año pasado.
A través del dictamen penal N° 019-2010-MP-FPM-AA-Y, Alarcón sindica a Acate Coronel como cómplice primario del delito «contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos en la modalidad de atentados contra los medios de transporte colectivo o de comunicación y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, en agravio de la población yurimaguina y Estado peruano».
Así mismo, el pedido de la fiscal considera a Acate como «cómplice secundario por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, delitos contra la paz pública en la figura disturbios en agravio del Estado peruano y la población yurimaguina (…) cómplice primario por la presunta comisión del delito contra los poderes del estado y el orden constitucional en su figura de instigación al delito de rebelión».
Adicionalmente, la fiscal recomienda un pago de 15 mil nuevos soles como reparación civil, además de los diez años de pena privativa de libertad para el periodista.
Del mismo modo la fiscal Alarcón solicita once años de prisión para el padre Mario Bartolini, párroco de Barranquita, a quien también acusa de ser uno de los promotores de los hechos de violencia durante la protesta amazónica.
Además Bartolini, también sería objeto de proceder una sanción de ese tipo a la denominada «restrictiva de la libertad»; es decir, la expulsión del territorio peruano.
En la demanda penal, la fiscal incluye a los dirigentes del Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA), Gorki Vásquez, Adilia Tapullima, Elías Sánchez, Javier Alava y Bladimiro Tapayuri para quienes pide «diez años de pena privativa de la libertad, condenándoseles al pago por concepto de reparación civil de forma solidaria ascendente a 15 mil nuevos soles a favor de los agraviados».
De esta manera, se concretaría una persecución judicial contra dirigentes sociales y periodistas de una emisora independiente que sólo cumplió con su labor de informar los hechos que venían sucediendo durante la protesta de las comunidades indígenas. (GLP)
