- Investigados por presunta falsedad ideológica.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas dispuso variar la situación legal del abogado Jorge Martín García Acosta, conocido en redes sociales por grabar contenidos en TikTok, y del suboficial PNP Jarling Ramírez Silva, quienes eran investigados por el presunto delito de falsedad ideológica, en agravio del Estado y la Policía Nacional del Perú.
La decisión fue adoptada la tarde del lunes 26 de enero en las instalaciones de la DEPINCRI–Iquitos, luego de que el fiscal Ulises García Rivasplata evaluara los primeros actos de investigación relacionados con la presentación de una denuncia policial presuntamente irregular.
De acuerdo con la investigación fiscal, el abogado García Acosta habría presentado ante el grupo GEINV una copia de una denuncia por pérdida de documentos que consignaba como fecha de registro el 21 de enero de 2026. Sin embargo, al verificar el código QR del documento, se detectó que el ingreso real al sistema policial SIRDIC se produjo recién el 24 de enero, lo que generó sospechas sobre una posible alteración del contenido.
Este documento habría sido utilizado dentro del proceso que se sigue contra su patrocinado Julio César Noa Ahuanari, con el objetivo de restar valor probatorio a los elementos existentes en su contra. En los hechos también se encuentra implicado el suboficial Jarling Ramírez Silva, quien habría participado en la recepción de la denuncia.
No obstante, la Fiscalía señaló que, si bien existen indicios que vinculan a los investigados con el hecho denunciado, aún restan diligencias clave, como pericias grafotécnicas e informáticas, que permitan esclarecer plenamente el caso. Además, la pena mínima prevista para el delito investigado no supera los cinco años de prisión, requisito indispensable para solicitar una medida de prisión preventiva.
Por estos motivos, el Ministerio Público ordenó variar la condición de detenidos a citados, disponiendo la libertad inmediata de ambos investigados. En el caso del suboficial PNP, se ordenó además la devolución de sus pertenencias personales, manteniéndose incautado únicamente su teléfono celular por contener información relevante para la investigación.
La defensa legal del efectivo policial estuvo a cargo del abogado Manuel Sánchez, mientras que las investigaciones continuarán en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas.
(C. Ampuero)
