– Fiscalía continúa a la deriva y nadie da una explicación clara de lo que viene ocurriendo en el fondo
– Mientras el “descabezamiento” de la fiscalía se da en menos de dos meses, los infractores del medio ambiente siguen ganando terreno.
– Y todo en el marco de la COP20 a desarrollarse en Lima del 01 al 12 de diciembre. 
La resolución de la Fiscalía de la Nación poniendo fin a los servicios del Abog. Jhonny Ríos Arce, lo cogió a este cuando andaba en una diligencia oficial por la zona de Mazán. El fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, no lo podía creer. “Bueno estos cargos son como de confianza y si la fiscalía ha decidido emitir la conclusión de mi designación, solo me queda aceptar”, señala inquieto y sorprendido Ríos Arce.
Había algunas quejas contra Ríos Arce; sin embargo, es extraño que su salida sea determinada en una resolución donde no le dicen los motivos para que deje el despacho, además sin nombrar de inmediato a la persona que lo reemplazará en aquella fiscalía vital que debería estar totalmente equipada y con mucho recurso humano para que luche contra los crímenes ambientales que se están ejecutando contra la biodiversidad amazónica.
“Realmente estamos en una emergencia ambiental dentro del mismo despacho fiscal del medio ambiente. No hay personal y existe una carga grande de 600 expedientes, lo que yo he puesto en conocimiento hace tiempo. A mi cargo he tenido 300 procesos además de los operativos con los que teníamos que cumplir. Acá hace falta más acción por parte de los operarios del Ministerio Público, no le dan mucha cabida al tema ambiental y no sé cuál será el trasfondo.
Acá corresponde un fiscal provincial y 3 adjuntos. Antes ya se destacó a otro fiscal y otro renunció quizá porque esto es muy esforzado. El trabajo quedará suspendido hasta que llegue un fiscal más. El fiscal provincial tomará las riendas de los 600 casos más todos los operativos y eso es humanamente imposible”, puntualizó el fiscal saliente.
¿Lo han denunciado o quejado?
-Tengo entendido que hay una queja, pero realmente me sorprende que por ella nos estén sacando, no me han dicho el fondo. Somos operarios de justicia y brindamos principios de legalidad, entonces sabemos que previamente a una queja o denuncia contra cualquier magistrado debe haber un proceso disciplinario y luego tomar acciones, pero en mi caso no hay nada.
Acá estuvo la asesora del ministro del medio ambiente, quien vio nuestra participación y también vio como se está comportando otra gente operadora que forma parte de las investigaciones. Yo no los pongo en tela de juicio, pero ella sabe. Da pena que cuando uno realmente quiere investigar a profundidad para contrarrestar los delitos ambientales, haya organismos e instituciones públicas que no sintonizan con la forma correcta de hacer las cosas.
La minería ilegal y la tala ilegal realmente están desmesuradamente fuertes en todo el eje carretero de Iquitos-Nauta. Todo pasa por las narices de la policía, por las narices de la policía de carreteras. Hemos intervenido de manera constante esa ilegalidad y sabemos que han interpuesto una queja “sin pies ni cabeza”, sin pruebas contra mi persona.
De otro lado, ¿llegará Procuraduría del Medio Ambiente a sustentar apelación sobre deforestación en Tamshiyacu?
-Hasta donde tengo entendido, el procurador del medio ambiente sustentará su apelación ante la resolución judicial. Tengo plena seguridad que la Sala Penal con los operarios jurídicos del Ministerio Público harán su trabajo como debe ser. Es un tema candente que va a marcar precedente en Loreto.
