- Contra joven soldado en Iquitos.
La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Loreto ha iniciado diligencias preliminares contra los que resulten responsables del presunto delito de tortura en agravio del joven cabo del Ejército Peruano, Ledwin Gómez Alván, de 19 años de edad. El caso ha generado gran preocupación en la opinión pública loretana y en las instituciones de defensa de los derechos humanos.
El fiscal provincial Alexander Espinoza Martínez, encargado del caso, se trasladó este lunes hasta las instalaciones de la V División de Ejército del Perú, con sede en Iquitos, acompañado por representantes de la Defensoría del Pueblo, a fin de realizar las primeras diligencias de verificación e investigación en el lugar de los hechos.
Según las primeras versiones, el cabo Gómez habría sido víctima de agresiones físicas por parte de sus superiores dentro de la unidad militar donde presta servicio, lo que constituiría un grave atentado contra su integridad y dignidad. El joven soldado fue evacuado a una clínica local donde recibió atención médica y se le diagnosticaron múltiples lesiones.
Este presunto caso de tortura revive la preocupación por situaciones previas de abuso dentro de las fuerzas armadas en diversas regiones del país. En años anteriores, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) han denunciado actos de maltrato, vejaciones y tratos inhumanos al interior de algunas unidades militares, especialmente en zonas alejadas de la capital, donde la fiscalización y supervisión suelen ser limitadas.
En el caso de Loreto, ya se habían reportado denuncias aisladas por abusos contra reclutas, aunque pocas de ellas prosperaron judicialmente por la falta de pruebas o el silencio de las víctimas, quienes temen represalias. Por ello, el caso de Ledwin Gómez podría marcar un precedente importante si se logra esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación y ha solicitado garantías para la seguridad del cabo agraviado, así como una investigación transparente y con enfoque de derechos humanos. Asimismo, la institución exhortó a las Fuerzas Armadas a colaborar plenamente con el Ministerio Público y a adoptar medidas inmediatas para prevenir futuros casos de maltrato dentro de sus filas.
Desde la Fiscalía se informó que se recabarán testimonios, historias clínicas, registros médicos y videográficos, y se solicitarán los informes de la propia institución militar, como parte del proceso de recolección de pruebas.
La ciudadanía espera una actuación firme de las autoridades y que este caso no quede impune. En un Estado democrático, la disciplina militar no puede justificar la violencia ni el quebrantamiento de los derechos fundamentales de ningún ciudadano, menos aún de quienes han jurado defender la patria.
(C. Ampuero)
