- “Ojo Público” amplió información propalada la semana pasada en cuanto a los requerimientos acusatorios del fiscal ante el poder judicial.
“En noviembre del 2015 se realizó la incautación más grande de madera de origen ilegal, que estaba a punto de ser exportada en el barco Yacu Kallpa, en Loreto, hacia México.
Este nuevo capítulo del caso Yacu Kallpa se da cuando se registran cifras históricas en el incremento de la deforestación de la Amazonía peruana y recientes cambios en la supervisión del sector forestal” precisa el periodista de “Ojo Público” Aramís Castro.
“El pasado miércoles 15 de setiembre, la fiscalía ambiental de Iquitos presentó ante el Poder Judicial de Loreto los hallazgos y requerimientos de acusación de 35 carpetas del caso Yacu Kallpa, que representa la incautación de madera de origen ilegal más grande realizada en el Perú. Se requirió una camioneta para transportar los miles de documentos que forman parte de los 35 expedientes presentados. Entre los involucrados figuran 41 exfuncionarios regionales, 38 concesionarios y 14 empresarios, todos presuntos responsables del tráfico ilegal de madera peruana.
El inicio de los hechos data del 2015, cuando se intervino a la embarcación Yacu Kallpa que llevaba madera ilegal de la Amazonía peruana y pretendía llegar a México y Estados Unidos. Lo transportado equivalía a 60 camiones de carga pesada, que en conjunto sumaban más de 1.300 metros cúbicos valorizados en S/1,6 millones. La intervención se realizó como parte de la Operación Amazonas, que sumó el trabajo de fiscales, agentes de la Sunat y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor)” escribe.
Empresarios y exfuncionarios.
“En la lista de implicados destacan Jorge Solignac Ruiz y Roldán Pinedo Ríos, ex trabajadores del Gobierno Regional de Loreto que se encuentran involucrados en al menos diez de los 35 expedientes abiertos por la fiscalía ambiental de Iquitos. Ambos, según la hipótesis fiscal, tuvieron responsabilidad al autorizar con documentación falsa que se traslade madera extraída de los bosques amazónicos.
El fiscal Alberto Yusen Caraza, a cargo de las diligencias, ha solicitado penas de tres a cinco años contra los 41 exfuncionarios involucrados en los pedidos de acusación presentados ante el Poder Judicial de Loreto.
A lo largo de las carpetas también aparecen representantes y gerentes de las compañías involucradas en el caso. En 15 de los 35 legajos de la Fiscalía se encuentra Dora Sadith Noriega Paredes de Inversiones La Oroza, compañía que era dueña del 80% de toda la madera incautada del Yacu Kallpa. El producto forestal decomisado a esta firma, según las autoridades peruanas, no tenía su origen en las concesiones de La Oroza sino que fue comprado a terceros.
Otro involucrado del sector privado es William Castro Amaringo, fundador de Inversiones WCA y cuyo nombre se encuentra incluido en 14 de las 35 expedientes presentados por la fiscalía ambiental. Esta empresa tenía la tercera mayor carga en el Yacu Kallpa. Para la fiscalía, Castro Amaringo adquirió y exportó productos forestales de origen ilícito, por lo que debería tener una pena de tres años de prisión.
Este empresario continuó exportando madera luego de la incautación del 2015. Lo hizo con otra firma que tiene a su cargo: Miremi SAC, que registró salidas a México, Francia, Dinamarca y China por más de US$4,6 millones. Al igual que La Oroza, Inversiones WCA mantuvo como clientes a empresas del grupo Ceballos Gallardo en México.
Además de estas dos compañías mencionadas, otras nueve compañías se suman a la lista. Se trata de Corporación Inforest MC, Scavino Maderas, Corporación Industrial Forestal, Triplay Iquitos, Sico Maderas Maderas Impregnadas Tropicales, Madex, Laminados y Manufacturas de Madera, y Corporación Maderera Loreto. Los representantes de estas firmas tienen pedidos de tres a cuatro años de prisión por tráfico ilegal de madera.
Las solicitudes más altas de cárcel recaen en los concesionarios del producto forestal. Sobre ellos pesan pedidos de seis a 11 años de pena privativa de la libertad.
