- En la ciudad de Iquitos
Personal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto Nauta, con apoyo de efectivos de la División de Investigación Contra la Administración Pública – Dircocor, intervino de forma inopinada las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Maquía, con sede en Iquitos, ante los hechos denunciados por autoridades locales y moradores de la zona, por presuntos actos de corrupción de la actual gestión del alcalde Carlos Alberto Vela Barrera y demás funcionarios, relacionados a la apropiación y comercialización de alimentos del Programa Nacional Qaliwarma, pagos irregulares a diversos proveedores por servicios que en la práctica nunca se habrían ejecutado, giros realizados a favor de servidores y funcionarios de la propia entidad por actividades que no se encontrarían debidamente justificados, pagos por concepto de adquisición de combustible pese a que el grupo electrógeno de la localidad se encontraría inoperativo desde hace meses, y sobrevaloración en la ejecución de diversas obras.
Durante la intervención fiscal que se prolongó durante más de diez horas, a cargo del fiscal adjunto responsable del caso, Abog. Omar del Aguila Echevarría, se recabó amplia documentación referida a la entrega y recepción de alimentos de Qaliwarma, verificándose que no se encontró físicamente varios talonarios del registro de los beneficiarios en extrema pobreza, no existiendo certeza de su elaboración física, cuya distribución aparentemente no sería proporcional con la cantidad de alimentos otorgados por el referido programa social; así mismo, los pagos realizados a favor de diversos funcionarios, servidores, y proveedores por concepto de elaboración de expedientes técnicos y pago de planillas no contarían con la documentación sustentatoria suficiente.
Por otro lado, se constató que sospechosamente se viene otorgando la buena pro a una sola empresa, Caballero Contratistas Generales EIRL, por montos exorbitantes de obras que no serían de gran magnitud, siendo lo más resaltante el pago de S/1 161 000 por la construcción de veredas peatonales utilizando presupuesto del fideicomiso, cuya documentación financiera no se encontraría sustentada en su totalidad, y que según los pobladores de la zona sería una de las obras sobrevaloradas por su baja calidad y deterioro al poco tiempo de su supuesta culminación.
Por lo que, al término de la diligencia se dispuso la custodia de la documentación para ser procesada y analizada a nivel de despacho fiscal con el apoyo de los peritos especializados en la materia, y continuarse con los actos de investigación que permitirán determinar la existencia o no de irregularidades en el proceso de contratación a favor de estos proveedores y contratistas, en torno a la investigación seguida por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso y colusión, previsto y sancionado en los artículos 387 y 384 del Código Penal.
(C. Ampuero/MP)
